Y de nuevo, el aborto

Cuando España está tratando de sobrevivir a una segunda oleada de infecciones provocada por la COVID-19 y a sus dolorosos estragos, el gobierno anuncia una próxima modificación de la regulación legal del aborto y la derogación de la reforma del año 2015 con la siguiente consecuencia: las menores de edad podrán abortar sin requerir para ello del consentimiento paterno o de quien ejerza la patria potestad.

Para entender bien esta propuesta hemos de partir de la entidad del embrión. La ciencia nos permite ahora conocer, con mucho detalle, cómo en las primeras 24 horas el cigoto se desarrolla como un cuerpo (no como un montón de células iguales) y se definen muchos de los aspectos esenciales del nuevo ser. Por tanto ¿qué afirma la ciencia del embrión humano? Que es el mismo individuo humano el que existe en la vida embrionaria, en la juventud o en la ancianidad; nuestro cuerpo cambia desde el inicio a la muerte, pero mantiene su identidad a lo largo de todas y cada una de las etapas de la vida, independientemente de que las capacidades estén en potencia o ya desarrolladas, o hayan dejado de estar activas.

Conviene tener presente este principio que con frecuencia se olvida, disimula o desfigura con el fin de justificar la eliminación de una vida humana, utilizando un lenguaje que quiere proyectar una espesa cortina de humo sobre la realidad; así, se recurre a términos como pre-embrión, interrupción del embarazo, salud reproductiva, IVE, saco embrionario, etc.

Partiendo de esta premisa irrefutable –la vida humana comienza con la concepción– carece de toda justificación la pretendida reforma que, en palabras de la Ministra de Igualdad, Irene Montero, se formula “con el objetivo de que todas las mujeres tengan el derecho a decidir sobre sus cuerpos”. 

Con base en la argumentación científica, el objetivo establecido por el gobierno cae por su propio peso: una persona –hombre o mujer– podrá decidir o no sobre su cuerpo, pero en ningún caso sobre el cuerpo de otro. Este argumento lo vemos muy claro en el supuesto de la esclavitud. Esta práctica, que hoy nos parece aberrante, se justificó durante siglos porque no se consideraba persona a aquél o aquélla sobre la que se ejercía.

Pero vayamos más allá. ¿Realmente se pretende proteger a la mujer menor de edad, posibilitando que ésta pueda tomar una decisión de tal calibre, sin tener que recurrir a una autorización? La respuesta es rotundamente no. En realidad, esta posibilidad deja a la mujer menor en un gran desamparo. El estado pretende inmiscuirse en el seno de unas relaciones –las familiares– que deben permanecer totalmente asépticas a cualquier incursión de los poderes públicos.

Es de todos conocida la dimensión pedagógica que tienen las leyes. ¿Qué mensaje quiere dejar en la sociedad el permitir que una menor pueda terminar con su embarazo sin el permiso paterno? Se pretende dinamitar el puente que une a padres e hijas a la hora de tomar una decisión de este calibre, provocando con la paradoja de que esa misma menor necesitará el permiso paterno para salir en una excursión organizada por su centro de estudios, pero no para terminar con la vida que lleva en su seno.

Nuestros gobernantes deberían poner en marcha medidas que ayuden a las mujeres embarazadas con dificultades a encontrar una alternativa al aborto. ¿No resultaría más beneficioso para esa madre saber que puede contar con recursos suficientes para seguir adelante con su embarazo? Y, en su caso, ¿no sería mejor agilizar el proceso de entrega en adopción? ¿o mejorar el apoyo a las familias de niños discapacitados? ¿o apostar por políticas de decidido apoyo a la natalidad y la familia? Resultaría mucho más hermoso y, sin duda, más saludable para todos.

GRUPO AREÓPAGO