¿Dónde estamos los ciudadanos?

Corren pésimos tiempos para la democracia. Que los partidos políticos han colonizado las instituciones es patente desde hace tiempo, pero no deja de resultar sorprendente el uso personalista que se hace de ellas por parte de quienes las dirigen temporalmente y, sobre todo, la pasividad que estamos demostrando los ciudadanos en un momento crucial como el presente.

 Una democracia no implica simplemente votar cada cierto tiempo –cuando toca–, sino que exige de los ciudadanos una participación activa en la vida política. No en vano, la Doctrina Social de la Iglesia considera la participación uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos y una de las mejores garantías de permanencia de la propia democracia (Compendio de Doctrina Social, núm. 190).

En relación con esta cuestión, el control efectivo de los dirigentes públicos por parte del cuerpo social, la rendición de cuentas de la acción política y administrativa ante los ciudadanos, la información veraz acerca del ejercicio de las funciones públicas son premisas de todo sistema democrático. Basta con echar un vistazo a la realidad para darse cuenta de la creciente debilidad hoy en día, cuando no completa ausencia, de estas diferentes manifestaciones de la participación de la sociedad civil en nuestro país. 

Efectivamente, la autoridad ha de ejercerse con responsabilidad y mediante el recurso a las virtudes que favorecen la práctica del poder con espíritu de servicio y a través de personas capaces de asumir como finalidad de su actuación el bien común y no el prestigio o el logro de ventajas personales (CDS, núm. 410). Sin embargo, el nivel de tolerancia hacia la corrupción y el uso personalista de las instituciones ha aumentado tanto (casi nada nos escandaliza ya, más allá de provocar alguna que otra conversación de salón), que se está produciendo una mutación de la forma en que entendemos el poder político, con el consecuente debilitamiento de las instituciones democráticas y de la democracia misma, sin que reaccionemos ante ello.

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Los episodios que estamos viviendo en estos meses así lo atestiguan: guerra sucia entre adversarios políticos, apelación al instinto y no a la razón, recurso al insulto en lugar de al diálogo, apoltronamiento en la silla con independencia de la falta cometida… hace poco tiempo, cada uno de ellos nos hubiera escandalizado tanto que hubiera bastado por sí mismo para la dimisión en bloque de todo un gobierno,  el castigo electoral de un partido, la remoción del cargo público del concreto responsable con inhabilitación moral para ejercerlo en el futuro, o cualquier otra decisión consecuente derivada de la presión social. Mantenerse en el gobierno hoy en día no es cuestión de consecución de objetivos loables que persiguen el bien común, sino de estrategia partidista frente al adversario; ejercer la oposición no consiste ya en evidenciar errores en el ejercicio de la acción de gobierno o plantear propuestas efectivas para la mejora de la sociedad, sino en lograr a toda costa desacreditar al contrario para hacerse con el poder como fin en sí mismo.

Los ciudadanos, desde hace tiempo –probablemente la pandemia ha evidenciado con mayor fuerza este hecho–, estamos inmersos en nuestra propia rutina y en la búsqueda de nuestro bienestar personal, sin que nos duela lo que sucede a nuestro alrededor, salvo que afecte a nuestra posición o a nuestro bolsillo. Y nuestros dirigentes lo saben. Es un drama. Una democracia no se sostiene sin una ciudadanía fuerte y responsable.

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