La respuesta a esta pregunta no siempre es la misma porque todo depende de cómo haya tratado la administración pública al ciudadano o de los resultados obtenidos. Aquí podemos decir aquello de que “cada cual cuenta cómo le va en la fiesta”. A veces resulta relativamente fácil realizar la consulta, presentar la solicitud o incluso hacer una reclamación porque se resuelve con una simple llamada de teléfono o con un correo electrónico o gracias a un formulario de contacto (que tiene a alguien detrás viéndolo) o sencillamente con la amabilidad del empleado público. En la administración pública- como en tantas cosas en la vida- todo depende de las personas y de la actitud de las mismas.
Sin embargo hay ocasiones en las que es misión imposible y genera mucha frustración para el ciudadano porque hay muchas puertas que se cierran y apenas se abren. Y si el ciudadano no tiene recursos, no tiene acceso al teléfono, no puede acceder a internet con normalidad la misión todavía se considera más imposible. El derecho al acceso a la administración pública no se cumple.
El ciudadano suele encontrarse con dificultades a veces inexplicable; con llamadas telefónicas donde nadie atiende el teléfono o cuando lo hacen con la necesidad de seleccionar opciones de un menú que desconoce o mucho tiempo de espera para que alguien le responda o simplemente te dejan a la espera hasta que la paciencia se agota. Y otras veces se cumple el silencio administrativo que recibe el ciudadano perdura por siempre y no hay modo de obtener una respuesta; a no ser que sea mediante un gestor administrativo o abogado que pueda realizar el trámite gracias a los medios electrónicos a los que tienen acceso. Si es para exigir algo al ciudadano entonces la respuesta se agiliza pero si es al contrario no es tan fácil el acceso.
Y ¿qué podemos hacer? ¿Puedo pagar un gestor administrativo? ¿quién puede ayudarme? ¿Quién ayuda en la brecha digital? ¿Quién actúa ante el nuevo analfabetismo digital, tal y como ha denunciado Cáritas? ¿Somos todos iguales?
Bien es cierto que cada institución regula su propio procedimiento administrativo en relación con las actuaciones entre ella y sus administrados; y que se garantiza el principio de igualdad entre la Administración y el ciudadano. Un principio que quizás podamos poner en duda, porque no siempre se cumple y muchas veces siempre se incumple en los mismos, los más vulnerables y excluidos.
El Ministerio de Interior de España, al igual que otras administraciones, tiene publicada en su web https://www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/derechos-de-participacion-administrativa/derechos/ la carta de “derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas y de los interesados en el procedimiento administrativo” . Derechos que se desconocen y tampoco se cumplen.
Las comunicaciones entre el ciudadano y las instituciones públicas se realizan en ambas direcciones; por eso es importante que toda la normativa que las regula se cumpla y que los trámites aún sean más sencillos, ágiles y eficientes para que la ciudadanía no se sienta indefensa en situaciones cotidianas ante procedimientos que desconoce, garantizando sus derechos y procurando soluciones a sus problemas; de tal forma que podamos confiar en buen funcionamiento de la Administración Pública.
¡Es tarea de todos que esto se cumpla! ¡Es tarea no callarse ante el nuevo analfabetismo digital!
Deja un comentario de forma respetuosa para facilitar un diálogo constructivo