¿Cómo es la relación entre ciudadano y administración?

La respuesta a esta pregunta no siempre es la misma porque todo depende de cómo haya tratado la administración pública al ciudadano o de los resultados obtenidos.  Aquí podemos decir aquello de que “cada cual cuenta cómo le va en la fiesta”.  A veces resulta relativamente fácil realizar la consulta, presentar la solicitud o incluso hacer una reclamación porque se resuelve con una simple llamada de teléfono o con un correo electrónico o gracias a un formulario de contacto (que tiene a alguien detrás viéndolo) o sencillamente con la amabilidad del empleado público. En la administración pública- como en tantas cosas en la vida- todo depende de las personas y de la actitud de las mismas.

Sin embargo hay ocasiones en las que es misión imposible y genera mucha  frustración para el ciudadano porque hay muchas puertas que se cierran y apenas se abren. Y si el ciudadano no tiene recursos, no tiene acceso al teléfono, no puede acceder a internet con normalidad la misión todavía se considera más imposible. El derecho al acceso a la administración pública no se cumple.

El ciudadano suele encontrarse con dificultades a veces inexplicable; con llamadas telefónicas donde nadie atiende el teléfono o cuando lo hacen con la necesidad de seleccionar opciones de un menú que desconoce o mucho tiempo de espera para que alguien le responda o simplemente te dejan a la espera hasta que la paciencia se agota. Y otras veces se cumple el silencio administrativo que recibe el ciudadano perdura por siempre y no hay modo de obtener una respuesta; a no ser que sea mediante un gestor administrativo o abogado que pueda realizar el trámite gracias a los medios electrónicos a los que tienen acceso. Si es para exigir algo al ciudadano entonces la respuesta se agiliza pero si es al contrario no es tan fácil el acceso.

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Y ¿qué podemos hacer? ¿Puedo pagar un gestor administrativo? ¿quién puede ayudarme? ¿Quién ayuda en la brecha digital? ¿Quién actúa ante el nuevo analfabetismo digital, tal y como ha denunciado Cáritas? ¿Somos todos iguales?

Bien es cierto que cada institución regula su propio procedimiento administrativo en relación con las actuaciones entre ella y sus administrados; y que se garantiza el principio de igualdad entre la Administración y el ciudadano. Un principio que quizás podamos poner en duda, porque no siempre se cumple y muchas veces siempre se incumple en los mismos, los más vulnerables y excluidos.

El Ministerio de Interior de España, al igual que otras administraciones, tiene publicada en su web https://www.interior.gob.es/opencms/es/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/derechos-de-participacion-administrativa/derechos/  la carta de “derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas y de los interesados en el procedimiento administrativo” . Derechos que se desconocen y tampoco se cumplen.

Las comunicaciones entre  el ciudadano y las instituciones públicas se realizan en ambas direcciones; por eso es importante que toda la normativa que las regula se cumpla y que los trámites aún sean más sencillos, ágiles y eficientes para que la ciudadanía no se sienta indefensa en situaciones cotidianas ante procedimientos que desconoce,  garantizando sus derechos y procurando soluciones a sus problemas; de tal forma que podamos confiar en buen funcionamiento de la Administración Pública. 

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¡Es tarea de todos que esto se cumpla! ¡Es tarea no callarse ante el nuevo analfabetismo digital!

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