“La extensión de la educación básica, hasta alcanzar a todos y cada uno de los ciudadanos, constituye, sin duda, un hito histórico en el progreso de las sociedades modernas… No es de extrañar, por ello, que el derecho a la educación se haya ido configurando progresivamente como un derecho básico, y que los estados hayan asumido su provisión como un servicio público prioritario”. Así comienza el preámbulo de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación que promulgó el primer gobierno del PSOE en el año 1985. Y así termina: “Es, por fin, una norma de convivencia basada en los principios de libertad, tolerancia y pluralismo”.
Nos preguntamos: ¿Qué ha sucedido o ha podido suceder para que el mismo partido político a los casi cuarenta años de esa Ley haya alumbrado una nueva Ley Educativa que atente contra la libertad, promueva la intolerancia, y no tenga en cuenta el pluralismo de nuestra sociedad que en estos momentos es mucho más abierta que entonces?
Un análisis del proceso evolutivo del sistema educativo de nuestro país desde que se instauró la democracia nos ofrece el triste espectáculo, por no decir infamante, de soportar siete Leyes educativas, que no han tenido como objetivo reformar lo que en la anterior no estaba dando buenos resultados, sino más bien, un hacer y deshacer desde la ideología del partido político que ejercía el control del poder en ese momento. Las LOGSE-LOE-LOMLOE socialistas, versus LOCE-LOMCE populares, con algunas leyes menores, han escalonado un proceso difícil de encontrar en Estados democráticos de nuestro entorno, que han sumido a nuestro sistema escolar y a la sociedad de hoy en la triste realidad de padecer la inasumible carga social de que uno de cada tres españoles jóvenes abandonen el sistema escolar sin adquirir las competencias básicas de la educación secundaria obligatoria; y que un alto porcentaje de jóvenes españoles engrosen el grupo de los famosos ninis (ni estudian, ni trabajan).
Logrado el objetivo de una educación en libertad, que creíamos totalmente consolidada, mediante la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (1985), y definida como “libertad de crear centros docentes y de dotarlos de un proyecto educativo propio, capacidad de los padres de poder elegirlos para sus hijos y escoger la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones, conjuntamente con la libertad de cátedra para el profesorado y la protección de la libertad de conciencia para los alumnos” como señala su preámbulo, toda la controversia para cambiar las leyes se ha centrado en un enfrentamiento entre propuestas comprensivas -escolaridad igual para todos, con un currículum común-, y propuestas diversificadoras, sobre todo en el segundo ciclo de la ESO, para buscar la calidad mediante la atención a la diversidad. Hoy día un enfrentamiento totalmente estéril y superado en la mayoría de los países mediante respuestas pedagógicas adecuadas y una financiación responsable. Es fácil constatar que las reformas legislativas realizadas han producido mucho ruido, haciéndonos ver que los políticos se preocupan por la educación, mientras las escuelas han sufrido la peor enfermedad que puede darse en el hecho educativo: el desgaste, la acomodación y el pasotismo.
Urge, pues, un pacto global para consolidar una Ley Educativa que sea perdurable con las reformas puntuales que el transcurrir de los tiempos exija, y que nazca de un amplio consenso social más que ideológico. Las Leyes y reformas educativas que se realizan desde arriba sin tener en cuenta a los principales agentes de la educación y a elementos organizativos propios de la cultura escolar están abocadas al fracaso. La experiencia nos dice que un gran diseño teórico que no cuente con elementos que son claves para el desarrollo educativo como puede ser la formación del profesorado, entre otros, es “letra muerta”.
GRUPO AREÓPAGO
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