Según afirma en su preámbulo la reciente Ley de la Comunidad de Madrid de Protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual “tiene por objeto establecer un marco normativo adecuado para garantizar el derecho de toda persona a no ser discriminada por razón de su orientación sexual o identidad y/o expresión de género”.
Nadie que piense de forma razonable negará la necesidad de impedir cualquier trato injusto hacia personas con otra orientación sexual. “Respetar” la opción afectivo-sexual puede y debe ser exigido, pero ‘compartir o asumir como positiva’ la opción afectivo-sexual de terceros ni puede ni debe ser exigido”. Estas palabras que aparecían en la sentencia del TSJ de Andalucía de 15-10-2010 (fundamento jurídico noveno) que declaraba adoctrinador a un libro de texto que promovía la ideología de género, muestran el error de fondo en que incurre la ley madrileña: confundir la legítima defensa de un colectivo frente a la discriminación, con la aceptación acrítica de su singular modo de entender la sexualidad y la naturaleza humana.
Suponer –como han hecho los políticos que han elaborado la ley- que la única forma de superar la discriminación del colectivo homosexual o transexual es imponer su propia forma de entender la sexualidad y la naturaleza humana, es un completo desatinado. Y creer que el adoctrinamiento de menores en el sistema educativo –por parte de asociaciones gays– es un avance en sus derechos, es un acto de totalitarismo que muestra la ceguera irracional de estos.
Pero, además, algunas de estas asociaciones se hacen tiránicas cuando intentan imponer su propia heterofobia a quienes se atreven a discrepar de su forma de pensar: quieren denunciar a los Obispos de Getafe y Alcalá ante la Fiscalía por “incitación al odio” (!), cuando lo que están haciendo es cumplir con su obligación de pastores: alertan a sus fieles que dicha ley es contraria a la doctrina cristiana que sostiene la naturaleza sexuada del hombre.
Además de constituir un ataque y censura al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias creencias y convicciones. Hemos pasado de la criminalización de la homosexualidad en el pasado, al intento de criminalizar a quienes no se sometan a la forma de pensar del colectivo homosexual en el presente.
Grupo AREÓPAGO
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