Hace unas semanas la Comunidad de Madrid ha presentado el PLAN INTEGRAL DE ABORDAJE DE LOS EMBARAZOS NO DESEADOS 2017-2020. El plan quiere trazar unas líneas de actuación que eviten los embarazos no deseados y que favorezcan la “interrupción voluntaria” de los mismos, facilitando el acceso a la información relativa a los trámites necesarios para llegar al aborto y la educación afectivo-sexual, desde una perspectiva de género.
Cuando uno lee detenidamente el documento, puede ver claramente cómo la artillería pesada de la cultura de la muerte se ha desplegado en él. Curiosamente no hay una sola referencia a la posibilidad de encauzar un embarazo inesperado, mediante las ayudas necesarias, públicas o privadas, hacia su desarrollo completo y el nacimiento de ese niño, que no puede ser quien pague las consecuencias del mayor o menor deseo con el que sus padres lo esperan.
No es extraño este enfoque cuando para la elaboración del Plan se ha contado con muchas asociaciones y colegios profesionales, exceptuando justo a aquéllas que desde hace años están ayudando en la Comunidad de Madrid a que esos embarazos inesperados se conviertan en ocasión de acompañamiento, ayuda, esperanza y vida tanto para los bebés que llegan a nacer como para sus padres. Efectivamente nadie ha requerido la aportación de las asociaciones y fundaciones pro-vida. Es más, una de las asociaciones consultadas es ni más ni menos que la filial en España de la multinacional del aborto “Planned Parenthood”, el abortorio más grande del mundo, con un aborto cada 97 segundos.
Salvando las enormes distancias, es como si al elaborar el plan de prevención de incendios no se hubiera contado con la ayuda que pueda facilitar el Servicio de Emergencias o los bomberos de la Comunidad de Madrid y se hubiera recabado en cambio la opinión o buscado la ayuda de la “Asociación de Pirómanos de la Rivera del Manzanares”. ¿Alguien encuentra un punto de lógica al hecho de no optar por la vida? ¿Dónde está la búsqueda del bien común que debe caracterizar toda actuación de los poderes públicos? ¿Quién protege a los más vulnerables en esta situación, que son el hijo en riesgo de muerte violenta y la madre en riesgo de aborto?
Una vez más, quienes tienen el encargo de velar por los derechos fundamentales de todos los ciudadanos dejan a los más débiles absolutamente indefensos. Vidas truncadas para siempre ante la indiferencia más absoluta.
GRUPO AREÓPAGO
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