El domingo 2 de octubre los húngaros fueron convocados por su Gobierno a participar en un referéndum para expresar su opinión sobre las cuotas de refugiados que ha de acoger su país en aplicación del mecanismo de reparto acordado por la Unión Europea. Aunque el resultado del referéndum no es válido por no haberse superado el 50% de participación, la gran mayoría de los votantes ha respondido negativamente a la pregunta: “¿Quiere que la Unión Europea pueda imponer reubicaciones obligatorias de ciudadanos no húngaros en Hungría, incluso sin la aprobación de la Asamblea Nacional?”
El referéndum es, en sí mismo, uno de los síntomas que demuestra que la política europea de asilo en la crisis de los refugiados sigue siendo un gran desafío para la Unión Europea, un grave problema sin resolver porque cada país miembro vela por sus propios intereses, sin tener en cuenta el bien común de los demás ciudadanos y sin pensar en la situación de las miles de personas que huyen del horror, que necesitan asistencia humanitaria, que sufren desde hace varios años una guerra sin sentido.
¿Hasta qué punto un país perteneciente a la Unión Europea puede someter a consulta pública una decisión sobre la acogida de solicitantes de asilo? ¿Dónde está el compromiso adquirido con la firma del tratado de adhesión por cada país miembro? ¿Dónde se encuentran ya los valores que fundaron la entonces Comunidad Europea establecidos en la Declaración de Robert Schuman? Son preguntas que todos debemos hacernos. Pero tampoco podemos dejar de lado otras: ¿Han actuado las instituciones europeas con la fuerza y la eficacia que sería deseable? ¿Están todos los Estados, en tanto que componentes del Consejo Europeo, verdaderamente dispuestos a ayudar a aquéllos en los que se concentran los refugiados?
Según el Tratado de la Unión Europea los estados miembros se comprometen a respetar y a defender los valores democráticos de la UE. ¿No es un valor democrático el valor de la solidaridad? Es cierto que la cesión de soberanía a favor de la Unión no lo abarca todo, pero ¿no está comprometido cada Estado Miembro a luchar por que se garanticen los derechos humanos?
El Comisario Europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, lo ha dicho claramente: “la solidaridad no sólo es moral, sino también una responsabilidad legal encuadrada en el Tratado Europeo”. Corresponde a todos, estados miembros e instituciones europeas, buscar los medios más idóneos para ofrecer una respuesta que esté a la altura de los valores en los que se basan nuestras democracias.
Grupo Areópago
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