Hacia una desamortización 3.0

Como todos sabemos, durante el siglo XIX se produjeron en España diferentes procesos desamortizadores con el fin de poner en el mercado bienes pertenecientes a la Iglesia católica y a órdenes religiosas por considerar que no eran suficientemente explotados. Consistieron en la apropiación de los mismos por parte del Estado, con venta en subasta, para dedicar el beneficio obtenido a amortizar deuda pública.

En pleno siglo XXI, nos encontramos a las puertas de una nueva desamortización, distinta en su forma pero igual en la sustancia. El Ayuntamiento de Zaragoza (gobernado por Podemos-Izquierda Unida) ha iniciado un proceso para la reclamación de la propiedad de la Catedral Zaragozana y de varias Iglesias locales. Dentro de la estrategia, ha enviado incluso una carta al Papa Francisco en la que, apelando a “un debate tranquilo y respetuoso” y con “espíritu de entendimiento”, por considerar que los señalados templos son “joyas del patrimonio de la ciudad”, se señala que no deberían ser de propiedad de la Iglesia.

Intentos similares se están llevando a cabo en otros puntos de España, como es el caso de la iniciativa para expropiar la Catedral de Córdoba. El objetivo es claro: todo para el pueblo –o, lo que es lo mismo, para quienes gobiernan, que son los que deciden sobre el uso de los bienes–y siempre en contra de la Iglesia católica.

Seguramente no pocas personas ven con indiferencia estas tentativas; es más, puede que algunas las contemplen con simpatía o, incluso, las apoyen abiertamente. Ninguna de ellas se da cuenta de que lo que está en discusión, en el fondo, no es la propiedad de un templo religioso, sino la libertad. Subvertir el orden constitucional establecido, hacerlo atacando abiertamente derechos de personas y comunidades, no sólo es contrario a Derecho y antidemocrático; es, sencillamente, un ataque a la libertad derivado de una concepción dictatorial del poder público. Esto es lo que está en juego. Y nos afecta a todos.

 

GRUPO AREÓPAGO