Podría tenerse una ligera esperanza de que el Gobierno actual dialogaría algo a la hora de presentar en el Parlamento una nueva Ley de Educación, alejándola de la ideología de cualquier partido político. Era muy pequeña ciertamente esa esperanza, porque el partido socialista (el que lidera Pedro Sánchez) ya mostró sus actitudes (¿progresistas?) cuando abandonó la “mesa de diálogo” sobre Educación; de Unidas Podemos no esperábamos nada, pues ya sabemos qué buscan y su inamovible postura sobre “lo público”, rancia y reaccionaria. Los otros grupos que han apoyado la aprobación de la Ley tenían ante sí una ocasión pintiparada para unirse al gobierno de coalición en el poder.
Para mí está claro que “lo público” no puede ser lo que patrocine el Gobierno, lo que él piensa sobre este o aquel tema, apoyado por otras formaciones políticas. Las cosas son mucho más normales y, a la vez, sencillas de entender: en una sociedad tan plural como la nuestra, no puede ser únicamente la verdad lo que diga una mayoría tan “especial” como la que existe ahora en el Congreso. Otra cosa es aprobar algo por un determinado número de votos; pero, de ahí a imponer a los demás como lo verdadero, lo progresista, una determinada manera de pensar sobre la educación hay un abismo. Y en la tramitación de esta Ley Celáa ha habido una incapacidad de diálogo por parte del Gobierno y, lo que es más grave, miedo a la libertad de enseñanza. No entro en otras cuestiones políticas que el articulado de la Ley contiene, sin duda importantes; me interesa ahora mostrar el desinterés que manifiestan los partidos políticos que avalan esta Ley por lo que piensen los padres de los niños y los adolescentes que van a la escuela y los que irán más tarde.
Aprovecharse de los padres de los alumnos que no aceptan la escuela “pública”, tal y como la considera el Gobierno, es sencillamente discriminación, además de afectar a la Constitución Española, aunque se argumente que hoy España necesita otra Ley de Educación porque han cambiado los tiempos y hay que preparar a los futuros hombres y mujeres. Esa no es la finalidad de esta Ley por parte del Gobierno. Sí se descubre, como digo, una discriminación con aquellos padres que mandan a sus hijos a la llamada “escuela pública”. Porque los padres que eligen la Escuela Concertada, y otras escuelas privadas, pagan los mismos impuestos que aquellos. También sufrirán lo que aparece en algunos artículos de la futura Ley y que son tan discutibles como para ser impuestos a todos, salvo que cambien mucho las cosas en lo que queda de tramitación de la Ley de Educación.
Por otra parte, el debate y enfrentamiento entre la Concertada y la Escuela de iniciativa estatal es mentiroso en muchos ámbitos. No existe en los que trabajan y gestionan la Concertada; por lo que conozco, hay un respeto a los que componen la Pública y a sus alumnos que es real. ¿A qué viene, pues, declarar ahora que la Concertada es “subsidiaria” de la Pública? Al miedo a la libertad y al diálogo para solucionar los problemas. ¿Dónde están, en tiempos de tantas dificultades económicas, la incuestionable razón: la Concertada es más barata que la Pública? ¿Se ha tenido en cuenta? Para nada. Es mejor rasgarse las vestiduras y afirmar que la Concertada no debe cobrar nada por su servicio a la sociedad, cuando el Estado recorta cada vez más las ayudas, que sí da a los colegios e institutos de iniciativa estatal.
Pero aquí hay algo más que un problema de financiación. Es la libertad la que está en juego. Conocemos, ciertamente, las dificultades económicas que los propietarios de los colegios concertados tienen y encontrarán en el futuro. Yo conozco un poco mejor estas dificultades que las Fundaciones canónicas de la Diócesis de Toledo tienen, porque su finalidad es sostener y gestionar estos colegios. ¿Quién pagará el bien que está haciendo la Escuela Concertada cuando se esgrima la supresión de demanda social por parte de los padres, y baje el número de alumnos en este tipo de Colegios? Ténganlo en cuenta los padres que desean para sus hijos escuelas “más plurales”.
Hay verdadera necesidad de estar unidos ante esta más que posible Ley de Educación abrasiva. Es preciso conocer bien la argumentación de los que apoyan esta Ley, porque somos en general bastante ingenuos. Conocer, por ejemplo, qué piensa cada formación política, porque hay de todo en la “viña del Señor”. Me sorprende que se hayan escuchado en el Congreso de los Diputados preguntas como éstas: ¿“Sabe la gente qué se hace con los niños y adolescentes durante los recreos en los colegios de la Concertada”? Cito no al pie de la letra, pero está pregunta estará en el Diario de Sesiones, si no es eliminada. ¿Qué tipo de sospecha está indicando “la señoría” que dijo este disparate?
¿Dónde están los “privilegios” de los que goza la Escuela Concertada? Es lo que afirmó otra señoría del grupo que apoya la Ley. ¿Para cuándo rechazar esa mentira en la España de hoy? Estamos cansados de que se nos acuse a la Iglesia de privilegios inexistentes actualmente. El único privilegio que queremos es atender a los más pobres, a los que en tantas ocasiones la Administración no atiende. No tenemos, pues, que temer la mayor libertad posible en este campo de la educación y la enseñanza y colaborar con las demás instituciones en una buena educación, sin discriminaciones. Es grave la aprobación de esta Ley (¿la novena, desde la Transición?) ¡Cómo no desear un consenso más que básico en Educación, lejos de ideologías que no tienen en cuenta los verdaderos problemas de la gente!
Y un pequeño apunte más. Hablo de un milagro, que no tiene explicación humana: la clase de Religión (la E.R.E) y el número de alumnos que la eligen en tantos colegios de iniciativa estatal. ¿Un milagro? ¿No es un privilegio de la Iglesia Católica? Eso piensan los que tienen miedo a la libertad. Desde hace casi cuarenta años la clase de Moral y Religión Católica ha sufrido todo tipo de torpedos a babor y a estribor; conozco el tema de cerca, pues he sido obispo en 4 Diócesis. Ha habido reducción de horas, reducción de la asignatura a ciertos cursos académicos; en tantos centros escolares se ha puesto la Religión o bien a primera hora de los lunes, o bien a última hora del viernes; han salido los profesores del claustro de profesores; no sirve la asignatura para el curriculum ni para la nota media de un curso; pasó por los ataques de la “Educación para la ciudadanía”, etc. etc. Y ahí está, con un número sorprendente de alumnos, aunque haya habido que recordar en estos años a muchos directores de colegios que ofrecer esta asignatura es de obligado cumplimiento para el centro escolar y de libre de elección para padres y alumnos.
¿Cómo quedará finalmente la educación tras la nueva Ley? No bien parada, sin duda. Pero ahí está la valentía de los profesores y de los padres que la eligen, y de tantos chicos que se dan cuenta de su importancia. Ha sido considerada “maría”, o un cuerpo extraño, con desconocimiento de su valor por unos partidos políticos y poco aprecio y defensa de esta parte de la educación de los chicos por otros, desde la “izquierda” y la “derecha” y el “centro”. Ahí está el milagro: sigue habiendo maestros que la aprecian y profesores que, ganando poco, se dedican a impartirla con ilusión, pues merece la pena.
Es de justicia dar gracias a tantos, padres y profesores, que creen que la fe es razonable y crea vínculos con los que están lejos de la Iglesia o son de otra religión, porque conocer a Jesucristo y su manera de vivir la vida humana libera y ayuda a las personas. Fe es conocer de otro modo y vale para la vida práctica de las personas. No es desprecio de los otros y sí reconocimiento de la dignidad que toda persona tiene, porque “Hermanos somos todos” (Fratelli tutti, dice le Papa Francisco)
+Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo Emérito de Toledo.
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