El pensamiento político distingue entre sociedad política y estado. Jaques Maritain, en El hombre y el estado, describe la sociedad política como «la multitud de personas humanas que, unidas bajo leyes justas por amistad recíproca y para el bien común de su existencia humana, constituyen un cuerpo político». A esta sociedad organizada, compuesta personas libres y con una decisión de convivencia, también se le llama pueblo.
El estado es un entramado de autoridad y poder al servicio de la sociedad política. Es parte de la sociedad y debe estar a su servicio. Maritain insiste: «El pueblo está por encima del estado, el pueblo no es para el estado; el estado es para el pueblo».
Sin embargo, la dinámica del poder lleva al abuso y la avaricia. El estado, si no es controlado por el pueblo (por sus instituciones) tiende a devorarlo todo. En democracia ese control se debe realizar por el voto, por la sociedad civil a través de asociaciones, fundaciones y otras instituciones, por los medios de comunicación y, si fuera necesario, por la movilización social. El estado voraz no es capaz de controlarse solo y, es más, si lo tiene al alcance intentará desactivar los controles externos que le limitan.
En este sentido, es muy preocupante la reciente actuación del estado español convirtiéndose en socio de referencia de una de las principales multinacionales del país, Telefónica. Esta empresa no solo es el principal operador de telecomunicaciones de España (y no solo de España), lo que le da el control potencial de los flujos de información entre particulares y empresas, también es uno de los principales contratistas de publicidad en los medios audiovisuales, una palanca económica muy poderosa para influir en las líneas editoriales de los medios. Además, Telefónica opera una de las principales plataformas televisivas (Movistar+), con su propia línea editorial marcada por la dirección de la empresa. ¿Qué interés puede tener un gobierno para adquirir el control de una empresa de estas características?
Esta toma de posición en Telefónica se añade a otros movimientos recientes con otras compañías, como Indra, la principal empresa española de ingeniería que gestiona proyectos como el sistema de acceso al metro de Madrid o el recuento de votos en los procesos electorales con uno de los sistemas más rápidos, eficaces y automatizados del mundo. Parece que el gobierno español tiene gran interés en fusionar Indra con Telefónica.
El argumento oficial es que todo esto es necesario para preservar la españolidad de estas empresas, pero esas empresas ya son multinacionales con sede principal en España. Parece más bien que el objetivo es «estatalizar», no «españolizar». ¿Quizá estén confundiendo el todo con la parte?, ¿el pueblo con el estado?
Seguramente, si esa operación la hubiera realizado cualquier empresa privada con capacidades similares, el regulador hubiera puesto condiciones durísimas contra la concentración de mercado. Por ejemplo, el estado ya tiene una potentísima plataforma televisiva. ¿Debería desprenderse de RTVE? Además, del estado depende el propio regulador de los mercados (CNMC). ¿Qué podemos esperar?
Por completar el cuadro, por otro lado, la actualidad nos ofrece continuamente ejemplos de otros estados que bien podríamos denominarlos famélicos, débiles, incapaces de ejercer la autoridad y de poner el poder al servicio de bien común de los ciudadanos, dejando a sus países en manos de señores de la guerra. África y Oriente Medio nos ofrecen continuos ejemplos de estados fallidos. Ojalá pudiéramos transferirles un poco de nuestros excesos.
GRUPO AREÓPAGO
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