Cada vez resulta más evidente que hay corrupción de izquierdas y de derechas. Basta, para comprobar que es así, con observar el diferente tratamiento que se da a unos casos y a otros en función de la filiación ideológica de quien los protagoniza, la distinta forma en la que valoramos el hecho e, incluso, cómo en no pocas ocasiones llegamos a justificarlo o a condenarlo desproporcionadamente en función de si quien se ha servido de la gestión de asuntos públicos o privados en beneficio propio incurriendo en ilegalidad con ello se encuentra dentro o fuera de nuestra órbita de pensamiento.
Es una de las consecuencias –una más– del relativismo imperante, en virtud del cual no existe una forma común de aproximarse a la realidad y, por tanto, no hay verdades objetivas.
El problema alcanza niveles preocupantes cuando ello afecta a quienes, por su responsabilidad pública, deberían asumir el deber moral de reaccionar, sin tapujos, frente a este mal de efectos tan nocivos: en particular, responsables de partidos políticos, gobernantes, jueces y tribunales, medios de comunicación. También todos nosotros, ciudadanos de a pie, que hemos de ser capaces de denunciar y reaccionar en consecuencia, así como de detectar otros tipos de corrupción moral que nos afectan personalmente y que igualmente dañan a la comunidad en la que vivimos y al sistema del que nos hemos dotado.
Unos y otros somos responsables de la lucha contra la corrupción; contra todo tipo de corrupción.
Grupo AREÓPAGO
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