Areópago Diálogo

“Hacia una cultura del encuentro"

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Una DUI diferente

Ha pasado. Tras un largo tiempo de desafíos, ilegalidades e incertidumbre, el Parlamento de Cataluña, con apenas la mitad de sus miembros y en ausencia de casi la otra mitad, ha decidido proclamar la independencia respecto del resto de España y declarar la apertura del proceso hacia la constitución de una República catalana.

Muchos nos seguimos preguntando cómo hemos podido llegar a este extremo. No entendemos cómo es posible que no hayan funcionado los mecanismos previstos en nuestro sistema político para lograr el entendimiento.

El Estado ha ido renunciando paulatinamente a una presencia activa en el territorio de Cataluña. Los líderes políticos catalanes que se han pronunciado  a favor de la independencia dejaron hace meses de representar a los ciudadanos que les votaron. Los partidos políticos han actuado en todo este tiempo  con una clara mirada cortoplacista, más interesada en el voto inmediato que en el bien común de España y de los españoles. Se han cometido errores graves, fruto de extremismos ideológicos, que han resucitado fantasmas del pasado que creíamos superados. Hemos perdido los valores colectivos y renunciado a la búsqueda de las virtudes en favor de nuestro propio interés personal. Son algunas ideas que pueden ayudarnos a entender cómo debemosactuar ante esta situación pensando en el futuro.

Es claro que un Estado democrático sin Estado de Derecho no es legítimo, como tampoco lo es un Estado de Derecho sin el valor de la democracia. Una Cataluña independiente creada fuera del marco constitucional y en contra de las reglas del juego democráticas es pura artificialidad. Pero un Estado insensible a necesidades colectivas fuertemente interiorizadas constituye pura irresponsabilidad.

Es obvio que ha llegado el momento de, una vez que se restablezca la legalidad perdida a través de los instrumentos constitucionalmente previstos para ello y desde la unidad de todos los partidos constitucionalistas, abrir un proceso más amplio de reflexión acerca de quiénes somos como comunidad y a dónde queremos ir juntos. No basta solo el Derecho. Tampoco que la decisión la tomen otros.Resulta imprescindible plantearse a nivel individual y colectivo qué hemos de hacer.

Ante la Declaración Unilateral de Independencia, necesitamos una DUI diferente, una decisión de unidad inteligente. España es más que nuestros dirigentes públicos. La unidad no se construye con unos pocos. España somos todos.

 

GRUPO AREÓPAGO

Orientaciones del Grupo Polis ante la amenaza de secesión en Cataluña

POLIS, grupo de trabajo de la Delegación de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Toledo, desde la Doctrina Social de la Iglesia, desea ofrecer las siguientes orientaciones ante la amenaza de secesión en Cataluña:

 

1º. ESPAÑA Y CATALUÑA

España es una realidad muy valiosa: una nación que se ha formado en muchos siglos de existencia, con aciertos y también errores compartidos de los que deberíamos aprender (1).

Cataluña es parte esencial de esa realidad española desde sus orígenes y no se pueden entender la una sin la otra. Se trata de una parte del territorio español con una específica personalidad cultural y social que merece alcanzar la máxima perfección posible, en la búsqueda del bien común(2).

España es fruto de la convivencia, trabajos, alegrías y sufrimientos de muchas generaciones. A las actuales nos corresponde administrar ese legado y transmitirlo acrecentado a las venideras, como fruto de la solidaridad intergeneracional (3).

 

2º. LA CONSTITUCIÓN Y LA AUTONOMÍA

La forma política vigente de la nación española es la monarquía parlamentaria, con una Constitución que incorpora todos los elementos de un Estado de Derecho avanzado: democracia, imperio de la ley, sistema de derechos fundamentales garantizados, poder judicial independiente, seguridad jurídica, Estado de bienestar. En respuesta a reivindicaciones históricas de algunas regiones, se ha ido estableciendo un sistema de organización territorial mediante Comunidades Autónomas con un alto nivel de autogobierno, en el marco de la unidad nacional y de la solidaridad interterritorial.

Todos estos elementos cumplen perfectamente con los criterios y principios que la Doctrina Social de la Iglesia ha venido estableciendo para calificar como adecuada la legitimidad de una comunidad política (4).

La sociedad catalana fue de las primeras en acceder a la autonomía. De hecho, fue reconocida incluso antes de la aprobación de la propia Constitución y acogida por los ciudadanos de Cataluña con enorme entusiasmo. Dicha Comunidad Autónoma, con su altísimo nivel alcanzado de autogobierno, cumple sobradamente con los principios de subsidiariedad y participación en la conformación de las decisiones públicas que propugna la Doctrina Social de la Iglesia(5). Y goza de un marco institucional más que suficiente, que permite la holgura arriba indicada en el desarrollo de una sociedad tan singular: el despliegue de su lengua propia cooficial, su cultura y tradiciones propias, su rico tejido asociativo, su potente iniciativa empresarial, etc… y así, todas las condiciones de su bien común particular. No existe ninguna posibilidad sustancial que le esté vedada a su crecimiento como sociedad. Y puede –como así ha sido históricamente– contribuir con su solidaridad (6) y ejemplaridad a la mejora de la nación española.

 

3º. LA PRETENSIÓN INDEPENDENTISTA: SU EXTREMA GRAVEDAD E INJUSTICIA

Sin embargo, en estos momentos, algunos grupos políticos y asociaciones, que han conseguido un amplio respaldo ciudadano, pero que no representan a todos los ciudadanos catalanes, pretenden la independencia de Cataluña. Ello supondría la ruptura de España y de su realidad. También la de la propia Cataluña, hecha de España, así como la derogación del régimen político descrito y su sustitución por otro, confusamente formulado y que no cumple con los estándares antes citados en tanto que se hace al margen del Estado de Derecho.

No puede existir atentado más grave a la convivencia que intentar llevar adelante dicha pretensión de ruptura(7).

Nada la justifica, pues la construcción de una comunidad histórica como la descrita en el primer apartado es un bien moral a preservar, enriquecer y trasmitir.  Así lo han venido ratificando sucesivos documentos de los Obispos españoles, con riquísimas reflexiones sobre esta materia (8). Solamente se podría justificar un derecho a la libre determinación de un pueblo antesupuestos de persecución reiterada a la identidad cultural, lingüística, étnica o religiosa, de grave discriminación en el ejercicio de los derechos civiles y políticos o de violación generalizada de los derechos fundamentales de los ciudadanos de un territorio, algo que ha ocurrido en el contexto de los procesos de descolonización (9). No es el caso de Cataluña.

 

4º. EL DESAFÍO ACTUAL: REFERENDUM, SECESIÓN Y RUPTURA SOCIAL

Nos enfrentamos a un gran desafío: la declaración de independencia por las instituciones catalanas actuales. La frustración a que ha ido conduciendo la imposibilidad de encauzar la pretensión secesionista ha puesto en marcha un proceso al margen de toda legalidad.

Se han vulnerado la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía, con la elaboración de unas pseudoleyes que ampararan un pretendido referéndum de independencia, para legitimar la constitución de una república catalana desligada de la nación y el estado español.

La ruptura social que estas actuaciones está generando, con enfrentamientos incluso familiares, es una de las consecuencias más graves y que resultarán más difíciles de afrontar y sanar.

Nuestro Arzobispo en su Carta semanal (10) lo deja muy claro: “Me parece un error que la presidencia de la Generalitat de Cataluña haya roto en el Parlamento catalán con la Constitución española y pretenda independizarse. La unidad de España no sólo es mejor que la ruptura, sino que además esa acción del gobierno catalán olvida los sufrimientos de los catalanes y de otros españoles en aquella guerra civil, a los que también contribuyó el intento de separación de entonces. La separación posible de ahora traerá también dolor y sufrimientos.”

 

5º. DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA Y DE LA LEGALIDAD

Ante estas amenazas, las autoridades españolas están legitimadas para actuar en la defensa del bien moral de la unidad de la nación española y obligadas a hacer respetar el orden legal.

El Rey, en una intervención infrecuente –evidente signo de la gravedad de la situación–, ha calificado de “deslealtad inadmisible” dicho proceso. El poder judicial, auxiliado por las Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía y Guardia Civil), ha intentado evitar la celebración de las ilegales votaciones, ante la pasividad de la policía autonómica.

La Doctrina Social de la Iglesia, desde siempre, ha avalado el ejercicio de la autoridad en la  aplicación de la ley, así como el deber de obedecer a la misma(11). Y la autoridad legítima para la defensa de ese bien moral de la unidad nacional cuenta con los instrumentos legales que la constitución atribuye al Gobierno, Parlamento y Jueces y que están obligados a emplear, con prudencia(12) y proporcionalidad, para la restitución del orden legal y la exigencia de responsabilidades legales.

 

6º. LOS CRISTIANOS Y EL DIÁLOGO

Ante las causas profundas de la situación, la gravedad del momento actual y la lamentable cosecha de odio, resentimiento y ruptura social, las soluciones a adoptar parecen ir mucho más allá de la ya de por sí dificilísima restitución del orden constitucional alterado.

Y es que sólo la siembra paciente del amor a la patria, en la verdad, puede conducir a la justicia (13).

Se habla del diálogo como posible solución, pero para ponerlo en práctica en el nivel político, con justicia, sería necesario el previo restablecimiento del orden constitucional y la determinación de las responsabilidades que se hubieran derivado de las actuaciones realizadas. Sólo desde ahí cabría plantearse, y siempre en el marco de la Constitución, las negociaciones políticas oportunas para acometer, en su caso, posibles mejoras del régimen constitucional y estatutario.

Se plantea por algunos el que la pretensión independentista podría haberse intentado articular a través de los cauces legales establecidos, mediante la reforma de la Constitución, que permitiera un referéndum en toda España con dicha finalidad. Pero sería muy discutible utilizar el argumento de que la decisión sobre la ruptura es algo que correspondería a todos los españoles. ¿Acaso no sería esta una cuestión que quedaría al margen de la disponibilidad de las generaciones presentes? Hay bienes morales que son indisponibles y de los cuales sólo somos meros administradores (14).

Esa apelación al diálogo debería dirigirse mucho más allá de la mera negociación política partidista. Será necesario favorecer la creación de ámbitos de encuentro entre los propios catalanes, con el fin de restañar esas heridas abiertas. A este respecto, la Iglesia puede realizar una aportación muy importante, como señala la Declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (15) y posteriormente han secundado muchos obispos, con llamadas a la concordia, la paz social y la esperanza, desde la verdad, la reconciliación y la edificación de la comunión.

Adicionalmente, como creyentes, no podemos dejar de lado la eficacia de la caridad, del amor personal como antídoto frente al odio. Todos los cristianos pueden colaborar en el cambio de la situación ejerciendo la caridad con los hermanos con los que están ahora enfrentados, sin dejar espacio al resentimiento o la venganza, que son fuente de división y nos alejan de Dios.

La fe, su celebración y vivencia, es un ámbito común para muchos catalanes que se puedan sentir en posiciones diferentes e incluso enfrentadas. A este respecto es muy de alabar la iniciativa de oración compartida puesta en marcha por un grupo de cristianos catalanes comprometidos (16).

Esa oraciónal Señor de la historia, Príncipe de la Paz, que ha acompañado el camino de nuestra nación, con sus aciertos y errores, es imprescindible por parte de todos los españoles y catalanes de bien para afrontar este momento tan grave y decisivo para nuestra comunidad; así como la invocación a San Jorge y al Apóstol Santiago y a la Madre, en las advocaciones de Nuestra Señora de Montserrat y la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad.

Toledo, a 12 de octubre de 2017

 

  1. D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo, en Escrito para esta semana, titulado significativamente “Tristeza”, nos recuerda algunos momentos trágicos de nuestra historia, que nunca debiéramos repetir:http://www.architoledo.org/wp-content/uploads/2017/03/Escrito-del-arzobispo-de-Toledo.-15-octubre-2017.docx.pdf
  2. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (CDSI, 2004), nº. 164 y siguientes.
  3. Catecismo de la Iglesia Católica (CIC, 1992)), nº. 1880.
  4. Juan Pablo II, CentesimusAnnus (1991), nº. 44 y ss. CDSI, nº 377 y ss.
  5. CDSI, nº. 185 y ss; y nº. 189 y ss.
  6. CDSI, nº. 192 y ss.
  7. CIC, nº. 1899: “La autoridad exigida por el orden moral emana de Dios: “Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen, por Dios han sido constituidas. De modo que, quien se opone a la autoridad, se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación” (Rm 13, 1-2; cf 1 P 2, 13-17).Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica (cuestiones 23 a 46, del Tratado sobre la caridad): “la sedición se opone a la justicia y al bien común; y por eso es en su género pecado mortal». «El pecado de sedición cae primera y principalmente sobre aquellos que la procuran, los cuales pecan gravísimamente, y después sobre quienes les secundan, perturbando el bien común”.
  8. 8. Instrucción pastoral “Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias” (2002) y especialmente los nº 70 a 76 de las “Orientaciones morales ante la situación actual de España” (2006): “Los nacionalismos y sus exigencias morales”.http://www.conferenciaepiscopal.es/documentos/Conferencia/OrientacionesSituacionActual.htm
  9. Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1960.
  10. Vid Nota 1.
  11. CIC, nº. 2238 y ss.
  12. CDSI nº 547 y 548: “Actuar con prudencia”.
  13. Juan Pablo II (1994), ante la amenaza de la Liga Norte en Italia: “Es preciso superar decididamente los peligros de separatismo con una actitud honrada de amor al bien de la propia nación y con comportamientos de solidaridad renovada” (En nº. 74 de las Orientaciones morales ante la situación actual de España, de la Conferencia Episcopal Española, 2006).
  14. El filósofo cristiano Julián Marías, escribía en ABC de 19 de junio de 1987 (artículo titulado “Totalitarismo legal”): “un país no es propiedad de los presentes, de los que en un momento del tiempo lo habitan; pertenece a todas las generaciones que lo han constituido, que lo han hecho, que lo han entretejido con sus vidas, durante siglos, acaso milenios; y todavía más a los venideros, a los que nacerán en el futuro, y vendrán a habitarlo, a continuar esa realidad”.
  15. Declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, de 27 de septiembre de 2017.
  16. Cristianos por la Convivencia (Alfa y Omega, del jueves 5 de octubre de 2017).

Historias e ideologías

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En torno al 12 de octubre, fiesta nacional de España y Día de la Hispanidad, se viene produciendo en los últimos tiempos, a través de signos, manifestaciones y discursos de todo tipo, acalorados debates sobre el significado de estas fiestas y de los acontecimientos históricos que dan sentido a su celebración. Debates en los que se aprecia un afán desmesurado de algunos sectores y grupos ideológicamente definidos  por corregir la historia sin la aplicación rigurosa y seria de la metodología crítica y profesional propia de la ciencia historiográfica.

No cabe la menor duda de que la Historia es un factor esencial en la edificación de la identidad de un pueblo. El conocimiento del pasado hace posible en el plano individual y colectivo la construcción del presente. Pero la historia no es solamente un pasado. “La historia es algo vivo que nos acompaña en todos los momentos de nuestras vidas”, dice Erich Kahler (1964). En todas las culturas y situaciones históricas, para bien o para mal, los acontecimientos intervienen de una manera decisiva en la construcción de la identidad de sus miembros y en dar sentido a la conciencia de pertenencia a una comunidad. De ahí la importancia que tiene  el rigor historiográfico en la búsqueda de la verdad histórica desde la verificación confrontada de las fuentes.

La grave crisis cultural y sociopolítica en la que está inmersa nuestra sociedad occidental gaseosa viene determinada en gran medida por la atrofia de la memoria. La reflexión crítica sobre dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos es actualmente  una tarea difícil. En una cultura donde predomina la velocidad y la provisionalidad, el olvido de la tradición y la memoria colectiva y compartida, propicia un campo bien abonado para la fragmentación de la historia y para su apropiación por el poder y las ideologías dominantes.  Cuestión que se hace sumamente grave cuando además se la utiliza como instrumento educativo al servicio de sus intereses espurios  y para la consecución de sus particulares fines políticos.

Cuando las ideologías se apropian de la historia, ésta se puede convertir con palabras de Paul Valéry en “el producto más peligroso salido del laboratorio de la inteligencia humana”.

 

Grupo AREÓPAGO

Hacia un año sin Gobierno

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Aunque no demos crédito, vamos camino de un año sin Gobierno o, mejor dicho, con Gobierno en funciones, con todo lo que ello significa: no aprobación de nueva normativa necesaria para el funcionamiento del país, riesgo de prórroga de presupuestos pensados para una situación diferente a la actual, irresponsabilidad política por debilitamiento del control parlamentario, limitación en el ejercicio de las potestades gubernamentales…

Los responsables de esta situación no somos los votantes, que hemos acudido a las urnas hasta en dos ocasiones cumpliendo con nuestro deber de ciudadanos; son precisamente quienes han resultado elegidos para formar gobierno los que se muestran incapaces de hacerlo y, con ello, de representarnos. Y no llegan al acuerdo, sencillamente, porque se limitan a medir las posibilidades de pacto en función de sus intereses personales y de los de su partido.

Analizado desde la perspectiva de alguien que lucha por defender su puesto de trabajo resulta incluso humanamente comprensible. Pero la política jamás puede ser vista como una oportunidad laboral, sino que ha de ser considerada como una vocación de servicio público basada en la capacidad para prestarlo y en la temporalidad en su desempeño. La existencia de políticos que ven su cargo como propiedad es el peor de los males para una democracia, porque no tiene quien sirva a sus ciudadanos pensando en el bien común.

La incapacidad para formar Gobierno sólo tiene una lectura: los llamados a ello no luchan por el interés de todos, sino por el suyo propio. No hablemos, pues, de bloqueo institucional. Nos estamos enfrentando a un bloqueo personal, generado por personas concretas que no se sienten responsables ante nada ni ante nadie y que se consideran a sí mismos la medida de todas las cosas, incluido el destino del país.

Nuestros gobernantes se han de legitimar por el éxito de sus decisiones y la eficacia de sus gestiones; de lo contrario, han de irse y dejar paso a otros. Unas terceras elecciones sólo tendrán sentido si es para elegir a nuevos representantes. Los de ahora, salvo que demuestren lo contrario, no son dignos de ello.

Grupo AREÓPAGO

España, ¿Aconfesional o confesionalmente laico?

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Desde hace un tiempo, venimos escuchando por parte de ciertos políticos el mantra “España es un país laico”, “debemos garantizar la laicidad del Estado”. Si uno acude a la Constitución Española podrá comprobar que en ninguno de sus preceptos aparece tal expresión: más aún, se afirma que “ninguna confesión tendrá carácter estatal” (artículo16.3).

 Quizás basándose en esto, muchos interpreten –lejos de aquella perspectiva que Benedicto XVI denominó “sana laicidad”– que se hace profesión de España como Estado laico, lo cual es erróneo. Si atendemos a la palabra laico, tal como la define el DLE en su segunda acepción, “independiente de cualquier organización o confesión religiosa“, observamos que no es ésta la opción del Constituyente español, pues el citado artículo continúa diciendo que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones“. El Estado español, pues, no es ajeno al papel de la religión en la esfera pública. España es un país aconfesional (de hecho, así lo recoge la página web del mismo Congreso de los Diputados, en la sinopsis al precepto), es decir, “que no pertenece ni está adscrito a ninguna confesión religiosa“, lo que no impide las relaciones de cooperación constitucionales.

Pero, lejos de terminologías, la complejidad del debate es mucho mayor. Nos enfrentamos a una situación donde no se pretende garantizar la libertad de religión, sino imponer una religión nueva, denominada “laicismo”, en la cual el hecho religioso quedaría expulsado del ámbito público (en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos art.18) y las relaciones con la Iglesia Católica (preferentemente) u otras confesiones religiosas quedarían rotas, viéndose gravemente mermado el derecho constitucional a la libertad de religión. La “garantía” de tal laicidad en el fondo persigue constituir a España como un país confesionalmente laico, perdiendo de este modo su aconfesionalidad constitucional.

Grupo Areópago

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