La limitación de cultivos, el fomento de las importaciones de bienes agrarios y las nuevas restricciones ecológicas impuestas por la aplicación de la sostenibilidad como valor primordial de la Agenda 2030, han levantado las protestas de agricultores y ganaderos de toda Europa, incluido el Reino Unido.
La Política Agraria Común (PAC), que nació como una ayuda a la reconversión y modernización del sector primario en toda Europa, se ha convertido en una maraña regulatoria que ofrece oportunidades a algunos especuladores que, conociendo los vericuetos de la normativa, sacan tajada de las ayudas sin aportar trabajo ni riqueza a las zonas rurales.
El drama es que el sector primario en España representa menos del 5% del PIB y ocupa al 4% de los trabajadores de España, sin embargo, su influencia es decisiva para más del 70% del territorio. España tiene una geografía difícil y una climatología complicada en muchas regiones, lo que encarece la producción agropecuaria frente a otros países, pero el abandono de estas actividades impacta directamente en el vaciamiento demográfico de las zonas rurales. Hablar del sector primario no es solo hablar de agricultura, pesca y alimentación, es hablar de desarrollo rural y de equilibrio demográfico.
El primer problema que enfrenta el sector es el relevo generacional. Los jóvenes abandonan el campo, los pueblos se vacían y la población envejece. Lo dramático de todo eso es que muchos de estos jóvenes llevados por el éxodo hacia las grandes ciudades acaban subempleados, con sueldos insuficientes o en el paro prolongado. Cada vez es más difícil encontrar jornaleros para las cosechas, ni siquiera con la llegada de inmigrantes. Los jóvenes, autóctonos o foráneos, prefieren trabajar de camareros malpagados antes que someterse a la dura disciplina del campo. La sociedad moderna se ha demostrado incapaz de ofrecer alicientes y esperanzas a los jóvenes en el ambiente rural.
El segundo problema es económico. Los costes se incrementan. A pesar de todos los avances tecnológicos, la energía es cada vez más cara, y la normativa agroalimentaria, cada vez más exigente y burocrática. Por otro lado, la presión de la distribución reduce los ingresos. El estado y los múltiples aparatos autonómicos son incapaces de arbitrar un sistema que reparta adecuadamente los costes y los beneficios. Otras medidas, como la subida del salario mínimo a un único valor en toda España, castiga especialmente al empleo rural. La conclusión de muchos agricultores y ganaderos es que no vale la pena tanto esfuerzo.
El tercer problema es de competencia. En un mundo globalizado, nuestros sectores primario y secundario (el campo y la industria) deben competir con países muy diversos. Muchos de estos países no cumplen con gran parte de los requisitos que nos convierten en una nación desarrollada: derechos laborales, vacaciones, prestaciones sociales, sanidad, pensiones, educación gratuita, infraestructuras, etc. Pero no hay ningún tipo de arancel que compense esos desequilibrios. No puede ser igual importar productos manufacturados de un país que da a sus trabajadores garantías similares a las nuestras, que importar de un país que somete a sus empleados a condiciones cercanas a la esclavitud. Esas manufacturas deben ser equilibradas con algún tipo de arancel aduanero. Lo mismo para productos agropecuarios que no cumplen con una normativa sobre pesticidas similares a las nuestras. No pueden competir de forma equilibrada.
El cuarto problema es político. El sistema electoral español, con su circunscripción provincial, busca que las provincias pequeñas tengan más peso en su representación parlamentaria, y, por tanto, su voz se oiga con más fuerza en los foros de poder. Sin embargo, la organización de los partidos políticos diluye esa fuerza al someterla a la disciplina de voto. Los votos rurales cuentan, pero no aportan valor, solo su valor numérico. La única excepción son los partidos fuertemente localizados, normalmente de tipo nacionalista, que tienen sus preocupaciones en otros asuntos.
En el campo nos jugamos mucho.
GRUPO AREÓPAGO
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