Las Cortes Valencianas han aprobado, el pasado 24 de marzo, la Ley 6/2017, cuyo único artículo tiene por objeto derogar la Ley 6/2009 de protección de la maternidad que se impulsó en una legislatura anterior con la finalidad de ayudar a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad económica y social. La justificación de la misma no puede ser más clara: se parte de la premisa de que “desde el poder público no se debería interferir nunca en una decisión que debe corresponder únicamente a la mujer gestante” y se hace desde el “respeto absoluto a las decisiones libres y responsables, así como desde la convicción de que los poderes públicos deben garantizar el apoyo a estas decisiones”.

Cierto es que las leyes, empleadas como instrumentos de propaganda en uno u otro sentido, de poco sirven para cambiar la realidad si no van acompañadas de políticas concretas de aplicación de las mismas y de la dotación económica necesaria. Pero no menos cierto es que partir de la consideración de que la decisión de disponer de la vida de un ser humano es responsabilidad única de la madre supone, en última instancia, abandonarla a su propia suerte.

Una decisión sólo puede ser libremente adoptada si la persona que ha de tomarla lo hace sin presión ni hacia un lado ni hacia otro. Suprimir ayudas, omitir información, prescindir del padre, en definitiva, condenar a la soledad no es precisamente favorecer una decisión libre y responsable.

Un embarazo no deseado puede suponer inicialmente un drama para la madre que, en no pocas ocasiones, se encuentra sola por el rechazo de su pareja, el abandono de su familia o la carencia de recursos o que, incluso, se ve presionada para “poner fin al problema”. Pero, aunque fallen las personas, quien no debería fallar es el Estado, el conjunto de la sociedad, la comunidad en la que se inserta. Es, desgraciadamente, lo que ocurre con iniciativas normativas de esta naturaleza, al sostener que el aborto es una decisión exclusivamente individual e íntima: todos estamos danto la espalda a una mujer que nos necesita y a un niño que quiere nacer.

La mayor parte de nosotros no somos parlamentarios y, por tanto, no tenemos capacidad de elaborar normas. Pero sí elegimos a nuestros representantes políticos y, en consecuencia, este tipo de opciones políticas debería ser debidamente ponderado a la hora de ejercer nuestro derecho al voto. Además, es mucho lo que podemos hacer en lo concreto: iniciativas ciudadanas, como Proyecto Mater, que se dedican a apoyar, de verdad –poniendo nombre y rostro a la mujer que se plantea abortar–, bien merecen nuestra atención, nuestro tiempo y nuestro apoyo económico.

En ausencia de leyes injustas, contribuyamos con nuestros propios medios a construir la auténtica justicia y a trabajar por la verdadera libertad.

Grupo Areópago