En los próximos días se constituirán las nuevas Cortes Generales, resultado de las elecciones del pasado 20 de diciembre. Todos los grandes partidos en ellas representados son partidarios, aunque con algún matiz, de la actual ley del aborto de 2010. El Tribunal Constitucional aún no se ha manifestado sobre el recurso que los populares presentaron contra la ley socialista. Parece evidente que, salvo milagrosa e impensable sentencia del Constitucional a favor del no nacido, el próximo gobierno, sea del color que sea, mantendrá la política de mirar para otro lado ante los impunes atentados contra la vida de los inocentes no nacidos. Esto no es inocuo. La defensa política y legal del aborto, lejos de ser un avance progresista, mina los fundamentos mismos del Estado y pone en peligro la paz social. ¿Por qué?
El respeto del derecho a la vida en cualquiera de sus fases es la condición que verdaderamente distingue un Estado constitucional democrático de un Estado que no lo es. En un Estado democrático y constitucional la vida ha de ser tutelada, ya que, si no lo fuese, a la larga el Estado no podría cumplir su función de promoción y garantía de la convivencia y paz social. En efecto, es sabido que en el pensamiento moderno se ha buscado una respuesta al problema del fundamento racional del poder soberano del Estado. La dada por Hobbes sostiene que el Estado moderno nace cuando los particulares, para evitar ser «lobos» los unos contra los otros, renuncian al uso de la fuerza para defender su vida y entregan su custodia al Estado, de modo tal que la seguridad de los particulares es enteramente garantizada por aquél a partir de ese momento. Pero si el Estado a quien compete garantizar los derechos fundamentales atenta con sus leyes contra el derecho fundamental a la vida, está minando con ello las bases mismas de su razón de ser. Y, así, se convierte en un Saturno que devora a sus hijos.
Grupo Areópago
Excelente
muchas gracias por su colaboración.