El pasado fin de semana ha sido planteada formalmente una hipótesis sociológica muy interesante. La confirmación se ha producido en un contexto insospechado: la reunión de un partido político para designar a su presidente. Efectivamente, el candidato elegido por los compromisarios, en su discurso inicial, propuso como una de sus líneas de actuación “un compromiso con las políticas de familia, de natalidad, de incentivo a la conciliación, de interés contra la despoblación que sufren muchas de nuestras Comunidades Autónomas y de nuestras provincias”. La reacción no se ha hecho esperar. Desde el resto de formaciones el conjunto del mensaje ha sido interpretado como “giro a la derecha”, “derechización” o “vuelta de la extrema derecha”.

Ello ha conducido rápidamente a un grupo de sociólogos a abrir una investigación de alto nivel. Se ha tomado como referencia un país, España, con el índice de natalidad más bajo de la Unión Europea, donde los estudios demográficos ponen de manifiesto que no está garantizado el relevo generacional y, por tanto, tampoco la posibilidad de mantener el Estado de Bienestar. Como campo de pruebas se han seleccionado algunas de las iniciativas normativas y de las políticas públicas recientemente adoptadas. En primer lugar, la Proposición de Ley sobre la Eutanasia, presentada por el partido de Gobierno y admitida a trámite con el apoyo de los restantes partidos que se autoproclaman de izquierdas, con la que se pretende introducir en el ordenamiento jurídico el libre derecho a elegir la propia muerte. En segundo lugar, la crítica desde estos mismos sectores al modelo de familia por ellos denominado despectivamente “tradicional” —basado en la unión de hombre y mujer abierta a la vida—, y la propuesta como alternativa de un conjunto de políticas públicas basadas en la ausencia de apoyos a las familias numerosas, en el fomento de las familias monoparentales y en la consideración como familia de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. En tercer lugar, la consolidación de Ley, aprobada hace algunos años,  que permite el aborto libre basado en la decisión de la madre sin la existencia de alternativas ni ayudas públicas para aquéllas mujeres que se plantean la posibilidad de continuar con un embarazo no deseado. Por último, y a pesar de que los partidos del entorno de la izquierda se califican a sí mismos como “partidos de los trabajadores”, la inexistencia de políticas reales de conciliación de la vida familiar y laboral y la ausencia de reflexión alguna sobre la llamada “brecha de maternidad” que sufren las mujeres que optan por ser madres y, por ello, ven perjudicadas sus opciones de promoción profesional.

Tales hechos, entre otros, son la base sobre la que estos sociólogos han formulado la siguiente hipótesis: ¿El sentido común está a la derecha? Confían en ofrecer resultados provisionales en los próximos meses.

GRUPO AREÓPAGO