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Pedir perdón es de católicos

En días pasados se ha afirmado repetidamente, si bien en diferentes contextos y ante distintos escenarios, que el perdón es una cuestión moral y, por tanto, no procede en supuestos de esta naturaleza exigir que los responsables de daños causados a otros pidan perdón a sus víctimas y a todas las demás personas indirectamente afectadas. Así se ha hecho tanto ante el anuncio de la disolución de la banda terrorista ETA como respecto de casos de corrupción política, por señalar dos ejemplos. La premisa para mantener tal afirmación radica en que “pedir perdón es de católicos”.

Resulta evidente que quien hace mal a alguien, causándole un daño, está obligado a reparar el mismo. No menos evidente es que tal reparación no será completa si no parte de un presupuesto fundamental: el arrepentimiento.  Sin embargo, sentir pesar por haber hecho –o dejado de hacer– algo que ha dañado a otro tampoco es suficiente por sí mismo. Ese pesar ha de ser exteriorizado, compartido, dirigido a quien ha sufrido por ello y, en última instancia, supone esperar a ser redimido de la falta. A todo eso, sencillamente, se le llama pedir perdón.

Pedir perdón implica reconocer el error y, por ello, rebajarse, humillarse, acercarse al ofendido. Rehusar a hacerlo es muestra de ausencia de arrepentimiento. No se puede prescindir del mismo, pues ello significaría mantenerse en una posición de superioridad (al no tener que esperar la respuesta de quien ha sufrido el daño) y autoatribuirse la facultad de considerar completamente reparado el mismo prescindiendo de la víctima.

Pedir perdón, lejos de constituir patrimonio exclusivo de los católicos, es algo muy humano, inherente a nuestro ser, que está además fuertemente arraigado en nuestra sociedad.

El catolicismo no se ha limitado en relación con este extremo a reconocer lo evidente –el perdón es necesario para la reparación–, sino que ha hecho del mismo la razón de su existencia. Quizás sea esta la verdadera causa del rechazo al perdón. Pero esa es otra historia.

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De Ritas y Griñanes

corrupcionEs ya, por desgracia, noticia habitual en los medios la aparición de nuevos casos de corrupción en política o la información recurrente sobre otros descubiertos hace tiempo que están ahora sustanciándose en vía judicial. En estos días coinciden varios de ellos, en los que están implicados miembros (o exmiembros) de partidos políticos de todos los sectores: blanqueo de capitales en Valencia, ERES falsos en Andalucía, contrataciones públicas irregulares en prácticamente todo el territorio nacional… Esta realidad debería llevarnos a reflexionar sobre el hecho de que estamos ante una clara consecuencia derivada de la cada vez más creciente corruptibilidad del género humano por la pérdida de valores a la que conduce la secularización de la sociedad. Junto con ello, interesa centrarse en el diferente tratamiento informativo que se ofrece de las distintas noticias en función del ámbito ideológico de procedencia de las personas afectadas.

Resulta sorprendente comprobar cómo algunos medios de comunicación hacen selección de delincuentes en función del delito cometido; es más, se condena informativamente a personas que ni siquiera tienen abierto expediente judicial y se obvian las condenas firmes de otras por el mero hecho de ser afines a ellas ideológicamente. El efecto pernicioso que de ello se deriva es la trivialización de la corrupción moral. Si no se valoran todos los casos en su justa medida, sino que se ponderan según intereses de línea editorial, da igual el mal cometido, pues lo que importa es únicamente conseguir el objetivo de obviar el impacto mediático en unos casos o agrandarlo en otros. Como resultado final, aumenta el nivel de tolerancia de la sociedad hacia la corrupción, se fomenta el desapego por la política, los ciudadanos dejan de implicarse en hacer comunidad.

En Derecho, de conformidad con la Legislación vigente, sólo deben dimitir, por inhabilitación, quienes han sido condenados por sentencia firme como consecuencia de la comisión de determinados delitos tipificados en el Código Penal. Pero, en Justicia, cualquier indicio cierto de aprovechamiento de la posición política para intereses particulares –no sólo en el ámbito económico– o de realización de una acción u omisión que demuestre la incapacidad de la persona para la gestión de los intereses colectivos y la consecución del bien común debería llevar a la renuncia voluntaria o a la petición de dimisión. Ello afecta tanto a quienes usan indebidamente dinero público como a quienes asaltan capillas. Sólo así habrá una auténtica regeneración democrática.

 

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