Areópago Diálogo

“Hacia una cultura del encuentro"

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Tristeza por Cataluña

El día uno de octubre ha dejado un poso de tristeza y amargura en muchos españoles. Tristeza por los heridos, muchos de ellos servidores públicos en cumplimiento de su deber. Tristeza por la impotencia ante el camino sin retorno al que tantos líderes políticos catalanes han abocado a la ciudadanía. Tristeza por los niños manipulados, utilizados o puestos en riesgo sin ningún escrúpulo. Tristeza, en definitiva, por el sufrimiento de una parte de España que nos duele como tal.

La primera reflexión tras esta jornada nos lleva a constatar los desastrosos efectos que la utilización de la mentira en política tiene para el bien común. Aunque en un determinado momento pueda parecer a políticos cortoplacistas que el fin justifica los medios y que la mentira es un atajo hacia la libertad, lo cierto es que la libertad solo puede fundarse en la verdad. La mentira solo produce al final, frustración, crispación y división.

¿Votar es democracia? Mentira. Como besar no es amar ni soplar es tocar la flauta. Y en el caso del voto depende de quién vote, qué se vote y cómo se vote. Sin embargo, se embarca a miles de ciudadanos en un viaje sin retorno hacia la pretendida consecución de una república quimérica en el cual todo es mentira: desde la pretendida justificación histórica hasta las consecuencias reales de esa independencia.

Una segunda reflexión es que en Cataluña no hay presencia alguna del Estado español. Policías y guardias civiles son enviados casi como extranjeros a Cataluña, sin siquiera un lugar digno en que alojarse y como enemigos de todos, abandonados incluso por sus propios “compañeros” de la policía catalana. Todos los medios materiales que utilizan los jueces (desde los edificios hasta el sistema informático judicial, pasando por los bolígrafos) son propiedad de la Generalidad. El Gobierno no puede controlar ni el número real de heridos el 1-O, porque carece de cualquier acceso a la sanidad catalana. España —en todos los sentidos— está totalmente ausente de la enseñanza escolar en Cataluña.

Como señalaba un comentarista político, los principales partidos nacionales hacen política pensando siempre en las siguientes elecciones, mientras que los partidos nacionalistas en Cataluña lo hacen pensando en las siguientes generaciones.

¿Todo está perdido? Esperemos que no. Pero las soluciones pasan por un correcto diagnóstico de la realidad. Después habrá que dialogar, por supuesto, siempre desde el respeto al Estado de Derecho, guiándonos por la verdad y pensando más en el bien de las próximas generaciones que en las próximas elecciones.

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Hacia una desamortización 3.0

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Como todos sabemos, durante el siglo XIX se produjeron en España diferentes procesos desamortizadores con el fin de poner en el mercado bienes pertenecientes a la Iglesia católica y a órdenes religiosas por considerar que no eran suficientemente explotados. Consistieron en la apropiación de los mismos por parte del Estado, con venta en subasta, para dedicar el beneficio obtenido a amortizar deuda pública.

En pleno siglo XXI, nos encontramos a las puertas de una nueva desamortización, distinta en su forma pero igual en la sustancia. El Ayuntamiento de Zaragoza (gobernado por Podemos-Izquierda Unida) ha iniciado un proceso para la reclamación de la propiedad de la Catedral Zaragozana y de varias Iglesias locales. Dentro de la estrategia, ha enviado incluso una carta al Papa Francisco en la que, apelando a “un debate tranquilo y respetuoso” y con “espíritu de entendimiento”, por considerar que los señalados templos son “joyas del patrimonio de la ciudad”, se señala que no deberían ser de propiedad de la Iglesia.

Intentos similares se están llevando a cabo en otros puntos de España, como es el caso de la iniciativa para expropiar la Catedral de Córdoba. El objetivo es claro: todo para el pueblo –o, lo que es lo mismo, para quienes gobiernan, que son los que deciden sobre el uso de los bienes–y siempre en contra de la Iglesia católica.

Seguramente no pocas personas ven con indiferencia estas tentativas; es más, puede que algunas las contemplen con simpatía o, incluso, las apoyen abiertamente. Ninguna de ellas se da cuenta de que lo que está en discusión, en el fondo, no es la propiedad de un templo religioso, sino la libertad. Subvertir el orden constitucional establecido, hacerlo atacando abiertamente derechos de personas y comunidades, no sólo es contrario a Derecho y antidemocrático; es, sencillamente, un ataque a la libertad derivado de una concepción dictatorial del poder público. Esto es lo que está en juego. Y nos afecta a todos.

 

GRUPO AREÓPAGO

Ejemplaridad

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Aún se sigue hablando del –pequeño– escándalo provocado por un destacado líder del partido anti-casta (que promete erradicar del ámbito político todos los malos hábitos y abusos) al conocerse que ha defraudado a la Seguridad Social por no formalizar el alta de la persona que prestaba servicios para él. Se une a los –curiosamente, también pequeños– escándalos provocados por otros dirigentes de ese mismo partido, siempre en la línea de incumplir obligaciones laborales. Lo llamativo de este asunto no es sólo que quien debe dar ejemplo ha demostrado incurrir en los mismos males que los miembros de la casta a los que tanto critican, hasta tal punto de hacer de ello su bandera; es, además, que se busque justificar el comportamiento en la complejidad burocrática que supone el cumplimiento de la Ley, una Ley que es la misma para todos, incluidos los miles de ciudadanos en la misma situación que, en cambio, la cumplen. Peor aún es la cadena de apoyos recibidos por el infractor, a quien se le ha llegado a calificar de ejemplo moral.

La obligación incumplida consiste en rellenar un sencillo formulario y remitirlo, debidamente firmado y acompañado de copia del contrato de trabajo, a una oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social, algo que puede hacerse incluso por correo postal.

A quienes desempeñan cargos públicos y optan a asumir responsabilidades de gobierno les es exigible un plus de ejemplaridad. No sólo han de parecer honestos sino que, además, han de serlo, en su esfera pública y en su esfera privada. Quien es capaz de defraudar en lo menos es más capaz aún de defraudar en lo más.

La ejemplaridad, entendida como cualidad de quien ha de ser ejemplo, es decir, modelo que otros imiten, brilla por su ausencia en no pocos de nuestros políticos, viejos y nuevos. No piden perdón por sus errores y no asumen las responsabilidades de ellos derivadas. Si, en lugar de ser modelos de probidad y de virtud, fieles a la vocación de servicio público para la consecución del bien común que es la política, son ejemplo de búsqueda de su interés personal y de malos ciudadanos, están incapacitados para el ejercicio de cargos públicos. Sencillamente.

Grupo AREÓPAGO

Hacia un año sin Gobierno

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Aunque no demos crédito, vamos camino de un año sin Gobierno o, mejor dicho, con Gobierno en funciones, con todo lo que ello significa: no aprobación de nueva normativa necesaria para el funcionamiento del país, riesgo de prórroga de presupuestos pensados para una situación diferente a la actual, irresponsabilidad política por debilitamiento del control parlamentario, limitación en el ejercicio de las potestades gubernamentales…

Los responsables de esta situación no somos los votantes, que hemos acudido a las urnas hasta en dos ocasiones cumpliendo con nuestro deber de ciudadanos; son precisamente quienes han resultado elegidos para formar gobierno los que se muestran incapaces de hacerlo y, con ello, de representarnos. Y no llegan al acuerdo, sencillamente, porque se limitan a medir las posibilidades de pacto en función de sus intereses personales y de los de su partido.

Analizado desde la perspectiva de alguien que lucha por defender su puesto de trabajo resulta incluso humanamente comprensible. Pero la política jamás puede ser vista como una oportunidad laboral, sino que ha de ser considerada como una vocación de servicio público basada en la capacidad para prestarlo y en la temporalidad en su desempeño. La existencia de políticos que ven su cargo como propiedad es el peor de los males para una democracia, porque no tiene quien sirva a sus ciudadanos pensando en el bien común.

La incapacidad para formar Gobierno sólo tiene una lectura: los llamados a ello no luchan por el interés de todos, sino por el suyo propio. No hablemos, pues, de bloqueo institucional. Nos estamos enfrentando a un bloqueo personal, generado por personas concretas que no se sienten responsables ante nada ni ante nadie y que se consideran a sí mismos la medida de todas las cosas, incluido el destino del país.

Nuestros gobernantes se han de legitimar por el éxito de sus decisiones y la eficacia de sus gestiones; de lo contrario, han de irse y dejar paso a otros. Unas terceras elecciones sólo tendrán sentido si es para elegir a nuevos representantes. Los de ahora, salvo que demuestren lo contrario, no son dignos de ello.

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