Areópago Diálogo

“Hacia una cultura del encuentro"

Tag: Estado

Una DUI diferente

Ha pasado. Tras un largo tiempo de desafíos, ilegalidades e incertidumbre, el Parlamento de Cataluña, con apenas la mitad de sus miembros y en ausencia de casi la otra mitad, ha decidido proclamar la independencia respecto del resto de España y declarar la apertura del proceso hacia la constitución de una República catalana.

Muchos nos seguimos preguntando cómo hemos podido llegar a este extremo. No entendemos cómo es posible que no hayan funcionado los mecanismos previstos en nuestro sistema político para lograr el entendimiento.

El Estado ha ido renunciando paulatinamente a una presencia activa en el territorio de Cataluña. Los líderes políticos catalanes que se han pronunciado  a favor de la independencia dejaron hace meses de representar a los ciudadanos que les votaron. Los partidos políticos han actuado en todo este tiempo  con una clara mirada cortoplacista, más interesada en el voto inmediato que en el bien común de España y de los españoles. Se han cometido errores graves, fruto de extremismos ideológicos, que han resucitado fantasmas del pasado que creíamos superados. Hemos perdido los valores colectivos y renunciado a la búsqueda de las virtudes en favor de nuestro propio interés personal. Son algunas ideas que pueden ayudarnos a entender cómo debemosactuar ante esta situación pensando en el futuro.

Es claro que un Estado democrático sin Estado de Derecho no es legítimo, como tampoco lo es un Estado de Derecho sin el valor de la democracia. Una Cataluña independiente creada fuera del marco constitucional y en contra de las reglas del juego democráticas es pura artificialidad. Pero un Estado insensible a necesidades colectivas fuertemente interiorizadas constituye pura irresponsabilidad.

Es obvio que ha llegado el momento de, una vez que se restablezca la legalidad perdida a través de los instrumentos constitucionalmente previstos para ello y desde la unidad de todos los partidos constitucionalistas, abrir un proceso más amplio de reflexión acerca de quiénes somos como comunidad y a dónde queremos ir juntos. No basta solo el Derecho. Tampoco que la decisión la tomen otros.Resulta imprescindible plantearse a nivel individual y colectivo qué hemos de hacer.

Ante la Declaración Unilateral de Independencia, necesitamos una DUI diferente, una decisión de unidad inteligente. España es más que nuestros dirigentes públicos. La unidad no se construye con unos pocos. España somos todos.

 

GRUPO AREÓPAGO

¿Quién debe liberar a “Los Jordis”?

Tras el auto del Juzgado Central de Instrucción número tres por el que se acuerda prisión provisional comunicada y sin fianza para los señores Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, se han sucedido insistentes peticiones de libertad para ambos, tanto desde la agitación de masas como por parte de algunos representantes de la soberanía nacional en el Congreso de los Diputados —en concreto diputados pertenecientes a los partidos políticos Podemos y  PDeCat—.

Ante la falta de concreción del destinatario de la exigencia de liberación, podría parecer que se trata de un brindis al sol, de un desahogo o de simple postureo político sin mayores consecuencias. Sin embargo, si tomamos esta solicitud en serio y nos preguntamos por los posibles destinatarios de la petición, tendremos que concluir que tan solo puede esperarse que atienda esa solicitud bien la jueza que dictó el auto o bien el presidente del Gobierno.

Imaginemos, entonces, que sea la jueza Carmen Lamela la que dicte un nuevo auto rectificando el anterior en el cual, en lugar de emplear la fórmula habitual de “vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación”, dijese algo así como “vista la petición de las personas que se han manifestado en la calle y los carteles solicitando llibertat exhibidos en el Congreso de los Diputados por Podemos y PDeCat, acuerdo dejar sin efecto la prisión provisional en su día acordada”.

Otra posibilidad sería que el presidente del Gobierno convocase un Consejo de Ministros extraordinario que aprobase con carácter de urgencia un real decreto que estableciese: “Artículo único. Queda sin valor ni efecto la prisión provisional de los señores Sánchez y Cuixart acordada por la señora Jueza del Juzgado Central de Instrucción número tres.”

¿Alguna de estas posibles respuestas sería tranquilizadora para alguien? ¿Realmente quienes demandan llibertat para Sánchez y Cuixart quieren una España en la que los autos judiciales se fundamenten en la presión social o en un real decreto dictado ad hoc por el Gobierno? ¿Cuántos diputados deben pedir la libertad de Luis Bárcenas para que esta sea posible? ¿Cuántos manifestantes deberían ser suficientes para fundamentar la decisión judicial de excarcelar a un violador, un narcotraficante, un terrorista?

Puede que algunas personas de buena fe estén pidiendo esto por ignorancia. Pero que lo pidan representantes de la soberanía nacional, muchos de ellos con sobrada formación en Derecho y en Ciencia Política resulta verdaderamente bochornoso.

 

GRUPO AREÓPAGO

Tristeza por Cataluña

El día uno de octubre ha dejado un poso de tristeza y amargura en muchos españoles. Tristeza por los heridos, muchos de ellos servidores públicos en cumplimiento de su deber. Tristeza por la impotencia ante el camino sin retorno al que tantos líderes políticos catalanes han abocado a la ciudadanía. Tristeza por los niños manipulados, utilizados o puestos en riesgo sin ningún escrúpulo. Tristeza, en definitiva, por el sufrimiento de una parte de España que nos duele como tal.

La primera reflexión tras esta jornada nos lleva a constatar los desastrosos efectos que la utilización de la mentira en política tiene para el bien común. Aunque en un determinado momento pueda parecer a políticos cortoplacistas que el fin justifica los medios y que la mentira es un atajo hacia la libertad, lo cierto es que la libertad solo puede fundarse en la verdad. La mentira solo produce al final, frustración, crispación y división.

¿Votar es democracia? Mentira. Como besar no es amar ni soplar es tocar la flauta. Y en el caso del voto depende de quién vote, qué se vote y cómo se vote. Sin embargo, se embarca a miles de ciudadanos en un viaje sin retorno hacia la pretendida consecución de una república quimérica en el cual todo es mentira: desde la pretendida justificación histórica hasta las consecuencias reales de esa independencia.

Una segunda reflexión es que en Cataluña no hay presencia alguna del Estado español. Policías y guardias civiles son enviados casi como extranjeros a Cataluña, sin siquiera un lugar digno en que alojarse y como enemigos de todos, abandonados incluso por sus propios “compañeros” de la policía catalana. Todos los medios materiales que utilizan los jueces (desde los edificios hasta el sistema informático judicial, pasando por los bolígrafos) son propiedad de la Generalidad. El Gobierno no puede controlar ni el número real de heridos el 1-O, porque carece de cualquier acceso a la sanidad catalana. España —en todos los sentidos— está totalmente ausente de la enseñanza escolar en Cataluña.

Como señalaba un comentarista político, los principales partidos nacionales hacen política pensando siempre en las siguientes elecciones, mientras que los partidos nacionalistas en Cataluña lo hacen pensando en las siguientes generaciones.

¿Todo está perdido? Esperemos que no. Pero las soluciones pasan por un correcto diagnóstico de la realidad. Después habrá que dialogar, por supuesto, siempre desde el respeto al Estado de Derecho, guiándonos por la verdad y pensando más en el bien de las próximas generaciones que en las próximas elecciones.

GRUPO AREÓPAGO

¿Decisión verdaderamente libre?

Las Cortes Valencianas han aprobado, el pasado 24 de marzo, la Ley 6/2017, cuyo único artículo tiene por objeto derogar la Ley 6/2009 de protección de la maternidad que se impulsó en una legislatura anterior con la finalidad de ayudar a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad económica y social. La justificación de la misma no puede ser más clara: se parte de la premisa de que “desde el poder público no se debería interferir nunca en una decisión que debe corresponder únicamente a la mujer gestante” y se hace desde el “respeto absoluto a las decisiones libres y responsables, así como desde la convicción de que los poderes públicos deben garantizar el apoyo a estas decisiones”.

Cierto es que las leyes, empleadas como instrumentos de propaganda en uno u otro sentido, de poco sirven para cambiar la realidad si no van acompañadas de políticas concretas de aplicación de las mismas y de la dotación económica necesaria. Pero no menos cierto es que partir de la consideración de que la decisión de disponer de la vida de un ser humano es responsabilidad única de la madre supone, en última instancia, abandonarla a su propia suerte.

Una decisión sólo puede ser libremente adoptada si la persona que ha de tomarla lo hace sin presión ni hacia un lado ni hacia otro. Suprimir ayudas, omitir información, prescindir del padre, en definitiva, condenar a la soledad no es precisamente favorecer una decisión libre y responsable.

Un embarazo no deseado puede suponer inicialmente un drama para la madre que, en no pocas ocasiones, se encuentra sola por el rechazo de su pareja, el abandono de su familia o la carencia de recursos o que, incluso, se ve presionada para “poner fin al problema”. Pero, aunque fallen las personas, quien no debería fallar es el Estado, el conjunto de la sociedad, la comunidad en la que se inserta. Es, desgraciadamente, lo que ocurre con iniciativas normativas de esta naturaleza, al sostener que el aborto es una decisión exclusivamente individual e íntima: todos estamos danto la espalda a una mujer que nos necesita y a un niño que quiere nacer.

La mayor parte de nosotros no somos parlamentarios y, por tanto, no tenemos capacidad de elaborar normas. Pero sí elegimos a nuestros representantes políticos y, en consecuencia, este tipo de opciones políticas debería ser debidamente ponderado a la hora de ejercer nuestro derecho al voto. Además, es mucho lo que podemos hacer en lo concreto: iniciativas ciudadanas, como Proyecto Mater, que se dedican a apoyar, de verdad –poniendo nombre y rostro a la mujer que se plantea abortar–, bien merecen nuestra atención, nuestro tiempo y nuestro apoyo económico.

En ausencia de leyes injustas, contribuyamos con nuestros propios medios a construir la auténtica justicia y a trabajar por la verdadera libertad.

Grupo Areópago

El estado devorando a sus hijos

estadob

En los próximos días se constituirán las nuevas Cortes Generales, resultado de las elecciones del pasado 20 de diciembre. Todos los grandes partidos en ellas representados son partidarios, aunque con algún matiz, de la actual ley del aborto de 2010. El Tribunal Constitucional aún no se ha manifestado sobre el recurso que los populares presentaron contra la ley socialista. Parece evidente que, salvo milagrosa e impensable sentencia del Constitucional a favor del no nacido, el próximo gobierno, sea del color que sea, mantendrá la política de mirar para otro lado ante los impunes atentados contra la vida de los inocentes no nacidos. Esto no es inocuo. La defensa política y legal del aborto, lejos de ser un avance progresista, mina los fundamentos mismos del Estado y pone en peligro la paz social. ¿Por qué?

El respeto del derecho a la vida en cualquiera de sus fases es la condición que verdaderamente distingue un Estado constitucional democrático de un Estado que no lo es. En un Estado democrático y constitucional la vida ha de ser tutelada, ya que, si no lo fuese, a la larga el Estado no podría cumplir su función de promoción y garantía de la convivencia y paz social. En efecto, es sabido que en el pensamiento moderno se ha buscado una respuesta al problema del fundamento racional del poder soberano del Estado. La dada por Hobbes sostiene que el Estado moderno nace cuando los particulares, para evitar ser «lobos» los unos contra los otros, renuncian al uso de la fuerza para defender su vida y entregan su custodia al Estado, de modo tal que la seguridad de los particulares es enteramente garantizada por aquél a partir de ese momento. Pero si el Estado a quien compete garantizar los derechos fundamentales atenta con sus leyes contra el derecho fundamental a la vida, está minando con ello las bases mismas de su razón de ser. Y, así, se convierte en un Saturno que devora a sus hijos.

Grupo Areópago

 

© 2017 Areópago Diálogo

Theme by Anders NorenUp ↑