Areópago Diálogo

“Hacia una cultura del encuentro"

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Un plan sin vida

Fotografía pixabay

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Hace unas semanas la Comunidad de Madrid ha presentado el PLAN INTEGRAL DE ABORDAJE DE LOS EMBARAZOS NO DESEADOS 2017-2020. El plan quiere trazar unas líneas de actuación que eviten los embarazos no deseados y que favorezcan la “interrupción voluntaria” de los mismos, facilitando el acceso a la información relativa a los trámites necesarios para llegar al aborto y la educación afectivo-sexual, desde una perspectiva de género.

Cuando uno lee detenidamente el documento, puede ver claramente cómo la artillería pesada de la cultura de la muerte se ha desplegado en él. Curiosamente no hay una sola referencia a la posibilidad de encauzar un embarazo inesperado, mediante las ayudas necesarias, públicas o privadas, hacia su desarrollo completo y el nacimiento de ese niño, que no puede ser quien pague las consecuencias del mayor o menor deseo con el que sus padres lo esperan.

No es extraño este enfoque cuando para la elaboración del Plan se ha contado con muchas asociaciones y colegios profesionales, exceptuando justo a aquéllas que desde hace años están ayudando en la Comunidad de Madrid a que esos embarazos inesperados se conviertan en ocasión de acompañamiento, ayuda, esperanza y vida tanto para los bebés que llegan a nacer  como para sus padres. Efectivamente nadie ha requerido la aportación de las asociaciones y fundaciones pro-vida. Es más, una de las asociaciones consultadas es ni más ni menos que la filial en España de la multinacional del aborto “Planned Parenthood”, el abortorio más grande del mundo, con un aborto cada 97 segundos.

Salvando las enormes distancias, es como si al elaborar el plan de prevención de incendios no se hubiera contado con la ayuda que pueda facilitar el Servicio de Emergencias o los bomberos de la Comunidad de Madrid y se hubiera recabado en cambio la opinión o buscado la ayuda de la “Asociación de Pirómanos de la Rivera del Manzanares”. ¿Alguien encuentra un punto de lógica al hecho de no optar por la vida? ¿Dónde está la búsqueda del bien común que debe caracterizar toda actuación de los poderes públicos? ¿Quién protege a los más vulnerables en esta situación, que son el hijo en riesgo de muerte violenta y la madre en riesgo de aborto?

Una vez más, quienes tienen el encargo de velar por los derechos fundamentales de todos los ciudadanos dejan a los más débiles absolutamente indefensos. Vidas truncadas para siempre ante la indiferencia más absoluta.

 

 

GRUPO AREÓPAGO

 

¿Decisión verdaderamente libre?

Las Cortes Valencianas han aprobado, el pasado 24 de marzo, la Ley 6/2017, cuyo único artículo tiene por objeto derogar la Ley 6/2009 de protección de la maternidad que se impulsó en una legislatura anterior con la finalidad de ayudar a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad económica y social. La justificación de la misma no puede ser más clara: se parte de la premisa de que “desde el poder público no se debería interferir nunca en una decisión que debe corresponder únicamente a la mujer gestante” y se hace desde el “respeto absoluto a las decisiones libres y responsables, así como desde la convicción de que los poderes públicos deben garantizar el apoyo a estas decisiones”.

Cierto es que las leyes, empleadas como instrumentos de propaganda en uno u otro sentido, de poco sirven para cambiar la realidad si no van acompañadas de políticas concretas de aplicación de las mismas y de la dotación económica necesaria. Pero no menos cierto es que partir de la consideración de que la decisión de disponer de la vida de un ser humano es responsabilidad única de la madre supone, en última instancia, abandonarla a su propia suerte.

Una decisión sólo puede ser libremente adoptada si la persona que ha de tomarla lo hace sin presión ni hacia un lado ni hacia otro. Suprimir ayudas, omitir información, prescindir del padre, en definitiva, condenar a la soledad no es precisamente favorecer una decisión libre y responsable.

Un embarazo no deseado puede suponer inicialmente un drama para la madre que, en no pocas ocasiones, se encuentra sola por el rechazo de su pareja, el abandono de su familia o la carencia de recursos o que, incluso, se ve presionada para “poner fin al problema”. Pero, aunque fallen las personas, quien no debería fallar es el Estado, el conjunto de la sociedad, la comunidad en la que se inserta. Es, desgraciadamente, lo que ocurre con iniciativas normativas de esta naturaleza, al sostener que el aborto es una decisión exclusivamente individual e íntima: todos estamos danto la espalda a una mujer que nos necesita y a un niño que quiere nacer.

La mayor parte de nosotros no somos parlamentarios y, por tanto, no tenemos capacidad de elaborar normas. Pero sí elegimos a nuestros representantes políticos y, en consecuencia, este tipo de opciones políticas debería ser debidamente ponderado a la hora de ejercer nuestro derecho al voto. Además, es mucho lo que podemos hacer en lo concreto: iniciativas ciudadanas, como Proyecto Mater, que se dedican a apoyar, de verdad –poniendo nombre y rostro a la mujer que se plantea abortar–, bien merecen nuestra atención, nuestro tiempo y nuestro apoyo económico.

En ausencia de leyes injustas, contribuyamos con nuestros propios medios a construir la auténtica justicia y a trabajar por la verdadera libertad.

Grupo Areópago

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