Areópago Diálogo

“Hacia una cultura del encuentro"

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Eugenio Nasarre, exsecretario general de Educación: La libertad: prioridad del proyecto educativo que necesita España

Precisamente en estos días hace cuarenta años el Congreso de los Diputados debatía el proyecto de Constitución que los españoles refrendamos el 6 de diciembre de 1978 por una muy amplia mayoría. Fue el gran pacto que hicimos para sentar las bases de nuestra convivencia sobre los valores superiores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. Pero, sobre todo, fue el gran Pacto de la Concordia, pues nació con el afán de superar los viejos litigios históricos que habían enfrentado dramáticamente a los españoles.

No fue fácil, desde luego, lograr ese gran acuerdo. Hubo que trabajar mucho. Solamente la conciencia muy arraigada de que era imprescindible por el bien de España propició los compromisos y las necesarias concesiones mutuas que se plasmaron en el texto que asumimos los españoles con nuestro voto.

La educación fue uno de los temas que generó mayor controversia. Hasta el punto que en un determinado momento la ponencia constitucional se rompió. El motivo fue precisamente la cuestión de la libertad. Hubo que hacer muchos esfuerzos para recomponer el consenso. Finalmente se logró sin que la libertad de enseñanza fuera sacrificada y quedó recogida en el frontispicio del artículo 27, junto a la proclamación de que “todos tienen derecho a la educación”.

En el sistema de libertades que en los dos últimos siglos se ha ido configurando en la vida política de Europa la libertad de enseñanza ha tenido una vida frágil y tormentosa. Ha sido la libertad menos amada por gran parte del pensamiento liberal y la más combatida por el pensamiento socialista. En el fondo lo que ha pasado es que se ha topado con la pretensión de que toda la educación debe estar en manos del Estado. Esta idea arranca de lejos. Fichte en sus Discursos a la nación alemana creó la figura del “Estado educador”. A lo largo del siglo XIX los Estados se sirvieron de la educación para sus “construcciones nacionales”. La exacerbación de los nacionalismos en la primera mitad del siglo XX, con el surgimiento de los totalitarismos causó grandes estragos en Europa. Como sana reacción, cuando, tras la segunda guerra mundial hay una voluntad de crear un nuevo orden mundial para preservar la paz, en las Declaraciones de Derechos Humanos y en los Pactos sobre derechos y libertades se proclaman las libertades educativas: la de los padres para escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, la de la iniciativa social para establecer y dirigir instituciones de enseñanza.

Estas libertades, que se sintetizan en lo que llamamos “libertad de enseñanza”, son más necesarias que nunca: en bien de la propia educación y en bien de una sociedad libre y plural. He vivido con intensidad los problemas, los retos y las políticas de nuestra educación a lo largo de estos cuarenta años. Con esta experiencia ha arraigado en mí un creciente aprecio por las libertades educativas, las que han de ejercer los padres y la que ha de ejercer la sociedad.

Pero los tiempos que corren no son desgraciadamente favorables a la libertad en el ámbito de la educación. Vivimos un momento en que la sociedad reclama un pacto educativo para evitar los vaivenes que tanto perjudican y hacer un sistema educativo más vertebrado y cohesionado. Pero, de nuevo, algunos pretenden que el valor de la libertad sea sacrificado o, al menos, preterido.

Cuando finalizaba la segunda guerra mundial y había que reconstruir las democracias en Europa, Jacques Maritain publicó un lúcido ensayo sobre “los fines de la educación”. Observaba en él que el debate que se estaba produciendo se centraba en los medios, pero se estaba olvidando lo que era más importante: cuáles son los fines de la educación, sobre los cuales -exhortaba- es vital tener ideas acertadas.

Ahora también tenemos el riesgo de dar primacía a los medios, a los recursos, a los métodos y relegar la cuestión fundamental de los fines. Por eso reviste tanta importancia el valor de la libertad. La libertad es la que permite dotarnos de instituciones educativas fuertes, con identidad y con proyectos educativos que se propongan lo que verdaderamente es la tarea educativa: elevar a la persona en todas sus dimensiones. La escuela tiene una gran responsabilidad para llevar a cabo esta tarea. Pero necesita el concurso de las familias. Recuperar el sentido del binomio familia-escuela es clave para el éxito de la formación. Reforzar ese vínculo exige que se entable una relación de confianza y de cooperación. Si hay libertad de elección de los padres esa confianza y cooperación será más potente. Y ayudará también al conjunto del sector educativo. Porque los centros educativos no son como las gasolineras, en las que uno reposta en la que tiene a mano. Fortalecer la identidad de cada institución educativa y su ideario es vital para que se pueda dar una buena educación.

Retroceder en un marco que garantice y propicie las libertades educativas sería dramático para la sociedad española. Por ello, la defensa de la libertad debe considerarse como una prioridad en cualquier proyecto sociopolítico al servicio del bien común.

 

*Resumen de la ponencia “La educación como proyecto-socio político” de D. Eugenio Nasarre, el pasado viernes 23 de febrero en el III Curso de Formación Complementaria “La verdad os hará libres. Sinergias educativas para el momento presente” que cada último viernes de mes se celebra a las 18.00 horas en el Salón de Grados del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Toledo.

El fracaso de la política

congreso diputados

Desde que la dimensión política de la vida comenzó a ser en el mundo clásico  materia de reflexión filosófica y experiencia vital en su aplicación práctica, se ha manifestado a través de la historia de muchas y diferentes maneras. Pero ha sido el ágora, como metáfora de la democracia, la  que ha logrado su más amplia aceptación con sus dos principios básicos: el diálogo integrador y la participación  sin exclusiones. Hoy, sin lugar a dudas, consideramos a la democracia, con todas sus imperfecciones, como el mejor sistema político.

En su praxis  actual han irrumpido con fuerza dos factores que están siendo determinantes en la aplicación práctica de esos dos principios: La influencia de los medios de comunicación en la toma de decisiones políticas, y la aparición y auge de los populismos. Ambos han colaborado a que la acción política salga del ágora a la calle, y con ello, la mayor posibilidad de participación y concienciación en la acción política; pero de alguna manera son también responsables del deterioro que está sufriendo últimamente nuestra joven democracia.

El mundo de la televisión y de las redes sociales, manejadas por intereses ideológicos, se convierten muy a menudo en instrumentos de adoctrinamiento político y vías de ruido caótico con peligrosos efectos sobre el sistema democrático. Es frecuente en sus tertulias y mensajes anteponer el monólogo partidista y la agresividad verbal al diálogo serio y argumentativo sobre las ideas. La política degenera de esta manera en espectáculo y olvida su principal finalidad: la consecución del bien común.

Las ideologías populistas surgen como contrapunto al fracaso político del mismo sistema democrático minado por la corrupción y la aplicación de políticas injustas. Representan en principio una respuesta política sincera y argumentada; pero cuando se sitúan en el ámbito del antisistema y la demagogia con el único objetivo de la movilización por la movilización, y sostenidos  por un discurso simplista y dualista de buenos y malos suscitando el odio político, devienen en fundamentalismo político. Al generar resentimiento y desconfianza en la sociedad rompen toda actitud de diálogo integrador  y posibilitan el fracaso de la acción política.

La crisis política de Cataluña es un auténtico paradigma de fracaso político. El uso torticero de los medios de comunicación por el poder político y el intento de exclusión del diferente dentro y fuera del ágora por una ideología excluyente, ha minado  el sistema democrático y ha producido una fractura social que va a tardar mucho tiempo en recomponerse. Trabajar con esperanza por esta reconstrucción es el camino de la buena política.

 

GRUPO AREÓPAGO

 

Orientaciones del Grupo Polis ante la amenaza de secesión en Cataluña

POLIS, grupo de trabajo de la Delegación de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Toledo, desde la Doctrina Social de la Iglesia, desea ofrecer las siguientes orientaciones ante la amenaza de secesión en Cataluña:

 

1º. ESPAÑA Y CATALUÑA

España es una realidad muy valiosa: una nación que se ha formado en muchos siglos de existencia, con aciertos y también errores compartidos de los que deberíamos aprender (1).

Cataluña es parte esencial de esa realidad española desde sus orígenes y no se pueden entender la una sin la otra. Se trata de una parte del territorio español con una específica personalidad cultural y social que merece alcanzar la máxima perfección posible, en la búsqueda del bien común(2).

España es fruto de la convivencia, trabajos, alegrías y sufrimientos de muchas generaciones. A las actuales nos corresponde administrar ese legado y transmitirlo acrecentado a las venideras, como fruto de la solidaridad intergeneracional (3).

 

2º. LA CONSTITUCIÓN Y LA AUTONOMÍA

La forma política vigente de la nación española es la monarquía parlamentaria, con una Constitución que incorpora todos los elementos de un Estado de Derecho avanzado: democracia, imperio de la ley, sistema de derechos fundamentales garantizados, poder judicial independiente, seguridad jurídica, Estado de bienestar. En respuesta a reivindicaciones históricas de algunas regiones, se ha ido estableciendo un sistema de organización territorial mediante Comunidades Autónomas con un alto nivel de autogobierno, en el marco de la unidad nacional y de la solidaridad interterritorial.

Todos estos elementos cumplen perfectamente con los criterios y principios que la Doctrina Social de la Iglesia ha venido estableciendo para calificar como adecuada la legitimidad de una comunidad política (4).

La sociedad catalana fue de las primeras en acceder a la autonomía. De hecho, fue reconocida incluso antes de la aprobación de la propia Constitución y acogida por los ciudadanos de Cataluña con enorme entusiasmo. Dicha Comunidad Autónoma, con su altísimo nivel alcanzado de autogobierno, cumple sobradamente con los principios de subsidiariedad y participación en la conformación de las decisiones públicas que propugna la Doctrina Social de la Iglesia(5). Y goza de un marco institucional más que suficiente, que permite la holgura arriba indicada en el desarrollo de una sociedad tan singular: el despliegue de su lengua propia cooficial, su cultura y tradiciones propias, su rico tejido asociativo, su potente iniciativa empresarial, etc… y así, todas las condiciones de su bien común particular. No existe ninguna posibilidad sustancial que le esté vedada a su crecimiento como sociedad. Y puede –como así ha sido históricamente– contribuir con su solidaridad (6) y ejemplaridad a la mejora de la nación española.

 

3º. LA PRETENSIÓN INDEPENDENTISTA: SU EXTREMA GRAVEDAD E INJUSTICIA

Sin embargo, en estos momentos, algunos grupos políticos y asociaciones, que han conseguido un amplio respaldo ciudadano, pero que no representan a todos los ciudadanos catalanes, pretenden la independencia de Cataluña. Ello supondría la ruptura de España y de su realidad. También la de la propia Cataluña, hecha de España, así como la derogación del régimen político descrito y su sustitución por otro, confusamente formulado y que no cumple con los estándares antes citados en tanto que se hace al margen del Estado de Derecho.

No puede existir atentado más grave a la convivencia que intentar llevar adelante dicha pretensión de ruptura(7).

Nada la justifica, pues la construcción de una comunidad histórica como la descrita en el primer apartado es un bien moral a preservar, enriquecer y trasmitir.  Así lo han venido ratificando sucesivos documentos de los Obispos españoles, con riquísimas reflexiones sobre esta materia (8). Solamente se podría justificar un derecho a la libre determinación de un pueblo antesupuestos de persecución reiterada a la identidad cultural, lingüística, étnica o religiosa, de grave discriminación en el ejercicio de los derechos civiles y políticos o de violación generalizada de los derechos fundamentales de los ciudadanos de un territorio, algo que ha ocurrido en el contexto de los procesos de descolonización (9). No es el caso de Cataluña.

 

4º. EL DESAFÍO ACTUAL: REFERENDUM, SECESIÓN Y RUPTURA SOCIAL

Nos enfrentamos a un gran desafío: la declaración de independencia por las instituciones catalanas actuales. La frustración a que ha ido conduciendo la imposibilidad de encauzar la pretensión secesionista ha puesto en marcha un proceso al margen de toda legalidad.

Se han vulnerado la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía, con la elaboración de unas pseudoleyes que ampararan un pretendido referéndum de independencia, para legitimar la constitución de una república catalana desligada de la nación y el estado español.

La ruptura social que estas actuaciones está generando, con enfrentamientos incluso familiares, es una de las consecuencias más graves y que resultarán más difíciles de afrontar y sanar.

Nuestro Arzobispo en su Carta semanal (10) lo deja muy claro: “Me parece un error que la presidencia de la Generalitat de Cataluña haya roto en el Parlamento catalán con la Constitución española y pretenda independizarse. La unidad de España no sólo es mejor que la ruptura, sino que además esa acción del gobierno catalán olvida los sufrimientos de los catalanes y de otros españoles en aquella guerra civil, a los que también contribuyó el intento de separación de entonces. La separación posible de ahora traerá también dolor y sufrimientos.”

 

5º. DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA Y DE LA LEGALIDAD

Ante estas amenazas, las autoridades españolas están legitimadas para actuar en la defensa del bien moral de la unidad de la nación española y obligadas a hacer respetar el orden legal.

El Rey, en una intervención infrecuente –evidente signo de la gravedad de la situación–, ha calificado de “deslealtad inadmisible” dicho proceso. El poder judicial, auxiliado por las Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía y Guardia Civil), ha intentado evitar la celebración de las ilegales votaciones, ante la pasividad de la policía autonómica.

La Doctrina Social de la Iglesia, desde siempre, ha avalado el ejercicio de la autoridad en la  aplicación de la ley, así como el deber de obedecer a la misma(11). Y la autoridad legítima para la defensa de ese bien moral de la unidad nacional cuenta con los instrumentos legales que la constitución atribuye al Gobierno, Parlamento y Jueces y que están obligados a emplear, con prudencia(12) y proporcionalidad, para la restitución del orden legal y la exigencia de responsabilidades legales.

 

6º. LOS CRISTIANOS Y EL DIÁLOGO

Ante las causas profundas de la situación, la gravedad del momento actual y la lamentable cosecha de odio, resentimiento y ruptura social, las soluciones a adoptar parecen ir mucho más allá de la ya de por sí dificilísima restitución del orden constitucional alterado.

Y es que sólo la siembra paciente del amor a la patria, en la verdad, puede conducir a la justicia (13).

Se habla del diálogo como posible solución, pero para ponerlo en práctica en el nivel político, con justicia, sería necesario el previo restablecimiento del orden constitucional y la determinación de las responsabilidades que se hubieran derivado de las actuaciones realizadas. Sólo desde ahí cabría plantearse, y siempre en el marco de la Constitución, las negociaciones políticas oportunas para acometer, en su caso, posibles mejoras del régimen constitucional y estatutario.

Se plantea por algunos el que la pretensión independentista podría haberse intentado articular a través de los cauces legales establecidos, mediante la reforma de la Constitución, que permitiera un referéndum en toda España con dicha finalidad. Pero sería muy discutible utilizar el argumento de que la decisión sobre la ruptura es algo que correspondería a todos los españoles. ¿Acaso no sería esta una cuestión que quedaría al margen de la disponibilidad de las generaciones presentes? Hay bienes morales que son indisponibles y de los cuales sólo somos meros administradores (14).

Esa apelación al diálogo debería dirigirse mucho más allá de la mera negociación política partidista. Será necesario favorecer la creación de ámbitos de encuentro entre los propios catalanes, con el fin de restañar esas heridas abiertas. A este respecto, la Iglesia puede realizar una aportación muy importante, como señala la Declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (15) y posteriormente han secundado muchos obispos, con llamadas a la concordia, la paz social y la esperanza, desde la verdad, la reconciliación y la edificación de la comunión.

Adicionalmente, como creyentes, no podemos dejar de lado la eficacia de la caridad, del amor personal como antídoto frente al odio. Todos los cristianos pueden colaborar en el cambio de la situación ejerciendo la caridad con los hermanos con los que están ahora enfrentados, sin dejar espacio al resentimiento o la venganza, que son fuente de división y nos alejan de Dios.

La fe, su celebración y vivencia, es un ámbito común para muchos catalanes que se puedan sentir en posiciones diferentes e incluso enfrentadas. A este respecto es muy de alabar la iniciativa de oración compartida puesta en marcha por un grupo de cristianos catalanes comprometidos (16).

Esa oraciónal Señor de la historia, Príncipe de la Paz, que ha acompañado el camino de nuestra nación, con sus aciertos y errores, es imprescindible por parte de todos los españoles y catalanes de bien para afrontar este momento tan grave y decisivo para nuestra comunidad; así como la invocación a San Jorge y al Apóstol Santiago y a la Madre, en las advocaciones de Nuestra Señora de Montserrat y la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad.

Toledo, a 12 de octubre de 2017

 

  1. D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo, en Escrito para esta semana, titulado significativamente “Tristeza”, nos recuerda algunos momentos trágicos de nuestra historia, que nunca debiéramos repetir:http://www.architoledo.org/wp-content/uploads/2017/03/Escrito-del-arzobispo-de-Toledo.-15-octubre-2017.docx.pdf
  2. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (CDSI, 2004), nº. 164 y siguientes.
  3. Catecismo de la Iglesia Católica (CIC, 1992)), nº. 1880.
  4. Juan Pablo II, CentesimusAnnus (1991), nº. 44 y ss. CDSI, nº 377 y ss.
  5. CDSI, nº. 185 y ss; y nº. 189 y ss.
  6. CDSI, nº. 192 y ss.
  7. CIC, nº. 1899: “La autoridad exigida por el orden moral emana de Dios: “Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen, por Dios han sido constituidas. De modo que, quien se opone a la autoridad, se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación” (Rm 13, 1-2; cf 1 P 2, 13-17).Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica (cuestiones 23 a 46, del Tratado sobre la caridad): “la sedición se opone a la justicia y al bien común; y por eso es en su género pecado mortal». «El pecado de sedición cae primera y principalmente sobre aquellos que la procuran, los cuales pecan gravísimamente, y después sobre quienes les secundan, perturbando el bien común”.
  8. 8. Instrucción pastoral “Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y de sus consecuencias” (2002) y especialmente los nº 70 a 76 de las “Orientaciones morales ante la situación actual de España” (2006): “Los nacionalismos y sus exigencias morales”.http://www.conferenciaepiscopal.es/documentos/Conferencia/OrientacionesSituacionActual.htm
  9. Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1960.
  10. Vid Nota 1.
  11. CIC, nº. 2238 y ss.
  12. CDSI nº 547 y 548: “Actuar con prudencia”.
  13. Juan Pablo II (1994), ante la amenaza de la Liga Norte en Italia: “Es preciso superar decididamente los peligros de separatismo con una actitud honrada de amor al bien de la propia nación y con comportamientos de solidaridad renovada” (En nº. 74 de las Orientaciones morales ante la situación actual de España, de la Conferencia Episcopal Española, 2006).
  14. El filósofo cristiano Julián Marías, escribía en ABC de 19 de junio de 1987 (artículo titulado “Totalitarismo legal”): “un país no es propiedad de los presentes, de los que en un momento del tiempo lo habitan; pertenece a todas las generaciones que lo han constituido, que lo han hecho, que lo han entretejido con sus vidas, durante siglos, acaso milenios; y todavía más a los venideros, a los que nacerán en el futuro, y vendrán a habitarlo, a continuar esa realidad”.
  15. Declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, de 27 de septiembre de 2017.
  16. Cristianos por la Convivencia (Alfa y Omega, del jueves 5 de octubre de 2017).

Solidaridad: exigencia moral y jurídica

Fotografía publicada en ABC

Fotografía publicada en ABC

El domingo 2 de octubre los húngaros fueron convocados por su Gobierno a participar en un referéndum para expresar su opinión sobre las cuotas de refugiados que ha de acoger su país en aplicación del mecanismo de reparto acordado por la Unión Europea. Aunque el resultado del referéndum no es válido por no haberse superado el 50% de participación, la gran mayoría de los votantes ha respondido negativamente a la pregunta: “¿Quiere que la Unión Europea pueda imponer reubicaciones obligatorias de ciudadanos no húngaros en Hungría, incluso sin la aprobación de la Asamblea Nacional?”

El referéndum es, en sí mismo, uno de los síntomas que demuestra que la política europea de asilo en la crisis de los refugiados sigue siendo un gran desafío para la Unión Europea, un grave problema sin resolver porque cada país miembro vela por sus propios intereses, sin tener en cuenta el bien común de los demás ciudadanos y sin pensar en la situación de las miles de personas que huyen del horror, que necesitan asistencia humanitaria, que sufren desde hace varios años una guerra sin sentido.

¿Hasta qué punto un país perteneciente a la Unión Europea puede someter a consulta pública una decisión sobre la acogida de solicitantes de asilo? ¿Dónde está el compromiso adquirido con la firma del tratado de adhesión por cada país miembro? ¿Dónde se encuentran ya los valores que fundaron la entonces Comunidad Europea establecidos en la Declaración de Robert Schuman? Son preguntas que todos debemos hacernos. Pero tampoco podemos dejar de lado otras: ¿Han actuado las instituciones europeas con la fuerza y la eficacia que sería deseable? ¿Están todos los Estados, en tanto que componentes del Consejo Europeo, verdaderamente dispuestos a ayudar a aquéllos en los que se concentran los refugiados?

Según el Tratado de la Unión Europea los estados miembros se comprometen a respetar y a defender los valores democráticos de la UE. ¿No es un valor democrático el valor de la solidaridad? Es cierto que la cesión de soberanía a favor de la Unión no lo abarca todo, pero ¿no está comprometido cada Estado Miembro a luchar por que se garanticen los derechos humanos?

El Comisario Europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, lo ha dicho claramente: “la solidaridad no sólo es moral, sino también una responsabilidad legal encuadrada en el Tratado Europeo”. Corresponde a todos, estados miembros e instituciones europeas, buscar los medios más idóneos para ofrecer una respuesta que esté a la altura de los valores en los que se basan nuestras democracias.

 

Grupo Areópago

Amistad cívica

 

opinión“La amistad también parece mantener unidas las ciudades. Y los legisladores se afanan más por ella que por la justicia”. Estas palabras de Aristóteles en su “Ética a Nicómaco” que tan brillantemente han sido desarrolladas por Adela Cortina en su última obra “¿Para qué sirve la Ética?”, pueden ayudar a situarnos ante el penoso espectáculo que está dando nuestra clase política y al que los ciudadanos de este país estamos asistiendo totalmente perplejos.

Se ha llegado a decir que la democracia es “el menos malo de los sistemas políticos”, pues asegura la participación de los ciudadanos en la política, asume el bien común como fin y criterio regulador de su práctica, y en su organización reconoce el principio de división de poderes. Pero como toda obra humana, está expuesta  a numerosas patologías, que tienen su origen en las malas prácticas políticas. Por desgracia en nuestra joven democracia existen múltiples referentes en este sentido: corrupción, pretensión de poder a cualquier precio, manipulación de masas, oportunismo, clientelismo, fraude electoral…

Pero a la vista de lo que está aconteciendo últimamente en la vida política de nuestro país, la más grave es la ruptura de la relación en concordia y lealtad de todas las fuerzas políticas que participan en el juego democrático. Adela Cortina lanza un mensaje muy significativo en este sentido cuando afirma que “no se construye una vida pública desde la enemistad porque entonces faltan el cemento y la argamasa que une los bloques de los edificios”.

Está claro que en la tarea política existen discrepancias inevitables, que los desacuerdos forman parte del humus político natural en una sociedad plural. Pero cuando esa legítima confrontación de ideas se transforma en defensa de los propios intereses particulares; cuando el diálogo que exige respeto y argumentación es sustituido por el insulto y la bronca; cuando al adversario político se convierte en enemigo…; entonces se está deteriorando la amistad cívica y con ello resquebrajándose el fin principal de la democracia que es la búsqueda del bien de todos los ciudadanos.

Repensar el papel de la amistad en el juego político es asignatura pendiente de nuestros políticos pues, como dice Aristóteles, es antesala para su tarea primordial de buscar la justicia.

De Ritas y Griñanes

corrupcionEs ya, por desgracia, noticia habitual en los medios la aparición de nuevos casos de corrupción en política o la información recurrente sobre otros descubiertos hace tiempo que están ahora sustanciándose en vía judicial. En estos días coinciden varios de ellos, en los que están implicados miembros (o exmiembros) de partidos políticos de todos los sectores: blanqueo de capitales en Valencia, ERES falsos en Andalucía, contrataciones públicas irregulares en prácticamente todo el territorio nacional… Esta realidad debería llevarnos a reflexionar sobre el hecho de que estamos ante una clara consecuencia derivada de la cada vez más creciente corruptibilidad del género humano por la pérdida de valores a la que conduce la secularización de la sociedad. Junto con ello, interesa centrarse en el diferente tratamiento informativo que se ofrece de las distintas noticias en función del ámbito ideológico de procedencia de las personas afectadas.

Resulta sorprendente comprobar cómo algunos medios de comunicación hacen selección de delincuentes en función del delito cometido; es más, se condena informativamente a personas que ni siquiera tienen abierto expediente judicial y se obvian las condenas firmes de otras por el mero hecho de ser afines a ellas ideológicamente. El efecto pernicioso que de ello se deriva es la trivialización de la corrupción moral. Si no se valoran todos los casos en su justa medida, sino que se ponderan según intereses de línea editorial, da igual el mal cometido, pues lo que importa es únicamente conseguir el objetivo de obviar el impacto mediático en unos casos o agrandarlo en otros. Como resultado final, aumenta el nivel de tolerancia de la sociedad hacia la corrupción, se fomenta el desapego por la política, los ciudadanos dejan de implicarse en hacer comunidad.

En Derecho, de conformidad con la Legislación vigente, sólo deben dimitir, por inhabilitación, quienes han sido condenados por sentencia firme como consecuencia de la comisión de determinados delitos tipificados en el Código Penal. Pero, en Justicia, cualquier indicio cierto de aprovechamiento de la posición política para intereses particulares –no sólo en el ámbito económico– o de realización de una acción u omisión que demuestre la incapacidad de la persona para la gestión de los intereses colectivos y la consecución del bien común debería llevar a la renuncia voluntaria o a la petición de dimisión. Ello afecta tanto a quienes usan indebidamente dinero público como a quienes asaltan capillas. Sólo así habrá una auténtica regeneración democrática.

 

Grupo Areópago

Hacia un año sin Gobierno

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Aunque no demos crédito, vamos camino de un año sin Gobierno o, mejor dicho, con Gobierno en funciones, con todo lo que ello significa: no aprobación de nueva normativa necesaria para el funcionamiento del país, riesgo de prórroga de presupuestos pensados para una situación diferente a la actual, irresponsabilidad política por debilitamiento del control parlamentario, limitación en el ejercicio de las potestades gubernamentales…

Los responsables de esta situación no somos los votantes, que hemos acudido a las urnas hasta en dos ocasiones cumpliendo con nuestro deber de ciudadanos; son precisamente quienes han resultado elegidos para formar gobierno los que se muestran incapaces de hacerlo y, con ello, de representarnos. Y no llegan al acuerdo, sencillamente, porque se limitan a medir las posibilidades de pacto en función de sus intereses personales y de los de su partido.

Analizado desde la perspectiva de alguien que lucha por defender su puesto de trabajo resulta incluso humanamente comprensible. Pero la política jamás puede ser vista como una oportunidad laboral, sino que ha de ser considerada como una vocación de servicio público basada en la capacidad para prestarlo y en la temporalidad en su desempeño. La existencia de políticos que ven su cargo como propiedad es el peor de los males para una democracia, porque no tiene quien sirva a sus ciudadanos pensando en el bien común.

La incapacidad para formar Gobierno sólo tiene una lectura: los llamados a ello no luchan por el interés de todos, sino por el suyo propio. No hablemos, pues, de bloqueo institucional. Nos estamos enfrentando a un bloqueo personal, generado por personas concretas que no se sienten responsables ante nada ni ante nadie y que se consideran a sí mismos la medida de todas las cosas, incluido el destino del país.

Nuestros gobernantes se han de legitimar por el éxito de sus decisiones y la eficacia de sus gestiones; de lo contrario, han de irse y dejar paso a otros. Unas terceras elecciones sólo tendrán sentido si es para elegir a nuevos representantes. Los de ahora, salvo que demuestren lo contrario, no son dignos de ello.

Grupo AREÓPAGO

Nueva política

congreso diputados“Queremos hacer  una nueva política”,  “estamos por el cambio”: son los mensajes que suenan con más fuerza en el nuevo escenario político de nuestro país. Una mirada analítica a la historia de las ideas políticas nos confirma  que plantear en política como ideal lo nuevo y lo viejo es una idea caduca, pues lo que importa, o debiera importar, es hacer “buena política”,  asumiendo como referente básico el principio del bien común. Igual sucede con la idea del “cambio”: ¿hacia qué o hacia dónde? No todos los cambios en la vida y en la historia son o han sido realizados desde y para este referente básico.

Y es en este caminar por los senderos de la buena política en donde hay que situar la actividad más importante de nuestros políticos en estos momentos: el pacto o los pactos a los que inevitablemente nos lleva el resultado de las últimas elecciones. Pactar forma parte de la esencia de la política, pero ha de ser el bien común su principio orientador. Cuando los pactos giran alrededor de estrategias de partido, de cálculos electoralistas, de confrontación para eliminar al contrario…, se sitúan más en el marco de la  lucha por el poder que en el de la buena política. Los pactos que demanda el pueblo soberano en estos momentos exigen proyectos consensuados que tiendan a regenerar la democracia y a solucionar los graves problemas sociales que acucian a amplias capas sociales de nuestro país. La percepción que se tiene en este momento es que los pactos se están orientando más en la dirección primera que en la segunda. Se situarán, pues, en la esfera de la nueva política, pero no en la de la buena política.

Hay dimensiones esenciales de la vida  cotidiana de las personas que  constituyen el objetivo principal de la política por lo que su ausencia de los pactos derivaría en clara perversión política, expresión significativa de una crisis profunda de nuestra democracia. El mundo del trabajo, de la familia, de la educación, de la sanidad…, sin obviar por supuesto otros temas relevantes como la territorialidad del Estado, en forma de proyectos, han de ser prioritarios para forjar unos pactos que hoy por hoy  no se vislumbran.

 

Grupo AREÓPAGO

El estado devorando a sus hijos

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En los próximos días se constituirán las nuevas Cortes Generales, resultado de las elecciones del pasado 20 de diciembre. Todos los grandes partidos en ellas representados son partidarios, aunque con algún matiz, de la actual ley del aborto de 2010. El Tribunal Constitucional aún no se ha manifestado sobre el recurso que los populares presentaron contra la ley socialista. Parece evidente que, salvo milagrosa e impensable sentencia del Constitucional a favor del no nacido, el próximo gobierno, sea del color que sea, mantendrá la política de mirar para otro lado ante los impunes atentados contra la vida de los inocentes no nacidos. Esto no es inocuo. La defensa política y legal del aborto, lejos de ser un avance progresista, mina los fundamentos mismos del Estado y pone en peligro la paz social. ¿Por qué?

El respeto del derecho a la vida en cualquiera de sus fases es la condición que verdaderamente distingue un Estado constitucional democrático de un Estado que no lo es. En un Estado democrático y constitucional la vida ha de ser tutelada, ya que, si no lo fuese, a la larga el Estado no podría cumplir su función de promoción y garantía de la convivencia y paz social. En efecto, es sabido que en el pensamiento moderno se ha buscado una respuesta al problema del fundamento racional del poder soberano del Estado. La dada por Hobbes sostiene que el Estado moderno nace cuando los particulares, para evitar ser «lobos» los unos contra los otros, renuncian al uso de la fuerza para defender su vida y entregan su custodia al Estado, de modo tal que la seguridad de los particulares es enteramente garantizada por aquél a partir de ese momento. Pero si el Estado a quien compete garantizar los derechos fundamentales atenta con sus leyes contra el derecho fundamental a la vida, está minando con ello las bases mismas de su razón de ser. Y, así, se convierte en un Saturno que devora a sus hijos.

Grupo Areópago

 

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