Areópago Diálogo

“Hacia una cultura del encuentro"

Month: julio 2018

Última hora: La Iglesia renuncia a la enseñanza concertada

“Toledo, 10/09/2018 (Agencias).- El curso escolar en Castilla-La Mancha se estrena hoy con el sorprendente comunicado conjunto hecho ayer por los obispos de la Provincia Eclesiástica de Toledo (que comprende las cinco diócesis castellano-manchegas) y Escuelas Católicas de Castilla-La Mancha (FERE-CECA y EyG) anunciando la renuncia de todos los centros educativos católicos a sus respectivos conciertos educativos para el curso 2019/2020”.

El comunicado conjunto hace hincapié en el “ninguneo hacia los padres y alumnos con creencias católicas”, así como “la flagrante y continua vulneración de derechos” que, según los obispos y los representantes de los centros, “ha llegado a lo inadmisible”. Por otra parte, el texto pone de manifiesto que “en las actuales condiciones no resulta posible en la educación concertada el desarrollo de la labor propia de la Iglesia Católica, que no es otra que la de anunciar a Jesucristo, Camino, Verdad y Vida”. Preguntados los obispos por la posibilidad de que pudieran resultar embargados los centros educativos, e incluso otras propiedades de la Iglesia, para cubrir las eventuales responsabilidades económicas derivadas de los despidos del profesorado, el portavoz episcopal ha señalado que “se ha creado un cuerpo jurídico que estudiará las posibilidades legales para exigir que las responsabilidades sean asumidas por el Estado” si bien “tampoco sería un problema que, como resultado de esta decisión, tuviéramos en Castilla- La Mancha ‘una Iglesia pobre para los pobres’, como viene demandando el papa Francisco”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha declinado hacer declaraciones, limitándose a publicar un tuit afirmando que cree en la enseñanza pública, pero no a costa de la concertada. Sin embargo, fuentes cercanas al consejero de Educación, Cultura y Deportes sí han mostrado una gran preocupación respecto a los problemas que este hecho pudiera representar para el desarrollo del proceso de admisión del alumnado que comenzará en febrero de 2019, ya que podría suponer tener que gestionar en torno a 54.000 solicitudes de admisión más (según una primera aproximación), lo que podría representar un incremento de solicitudes cercano al 55% en toda Castilla-La Mancha. El problema podría ser aún mayor en las grandes ciudades, con una mayor concentración de centros católicos hasta ahora concertados. En concreto en Toledo,  se estima que el sistema público podría directamente colapsar.

El ofrecimiento de negociaciones por parte del consejero de Educación, Cultura y Deportes ha sido aceptado por los obispos, condicionado a que se blinde el respeto a los derechos de padres y alumnos a elegir una educación conforme a sus convicciones y el respeto a la libertad de la Iglesia para enseñar de acuerdo a dichas convicciones.

Desde el Gobierno de España no se han hecho declaraciones oficiales. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Educación consultadas ayer por este periódico expresaron su temor hacia un posible contagio de esta iniciativa a otras diócesis y Comunidades Autónomas. La vicepresidenta del Gobierno, por su parte, ha criticado duramente en una entrevista la frase del comunicado episcopal “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres (Hech. 5,29)”, considerándola machista y gravemente insultante, ya que, a su juicio, en España no solo mandan hombres sino también mujeres y personas de los restantes géneros, lo que, según ella, refuerza la conveniencia de impulsar su reciente propuesta de imponer en los centros católicos la utilización de una versión oficial de la Biblia traducida al lenguaje inclusivo y en clave de género. Las espadas están en alto.»

Evidentemente, esta noticia no se ha producido; es pura invención. Ninguno de los hechos relatados en este artículo han sucedido ni tampoco sucederán. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.

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Una nueva dictadura

politicos

Hace no mucho tiempo, en la historia de nuestro país, sucedieron unos hechos un tanto insólitos que auguraban la instauración de un régimen cuya ideología iba a imponerse en la mente de sus ciudadanos.

Aprovechando la debilidad de un gobierno democráticamente elegido por la nación, éste fue depuesto instaurándose un nuevo líder que sin el apoyo de las urnas iba a instaurar sus ideas en poco tiempo. Una nueva bandera iba a enarbolarse en los ayuntamientos, signo del nuevo cambio, bandera no votada por sus ciudadanos sino impuesta por la nueva ideología que venía a gobernar. Necesario era el apoyo de la comunidad internacional y nuevos gestos, bajo capa de humanidad, se iban a realizar para demostrar la cara amable del nuevo gobernador.

Para imponer tal proyecto ideológico era necesario controlar dos grandes poderes: la comunicación y la educación. Para el primero urgiría hacerse cuanto antes con su dominio, poniendo al frente a alguien favorable al cambio instaurado, encargado de difundir las ideas del nuevo gobierno. Para el segundo, nada mejor que obligar a sus ciudadanos más débiles, los niños, a beber de las fuentes del nuevo “espíritu nacional” violando el derecho inalienable de los padres a la educación e instaurando brigadas para controlar la difusión de la nueva ideología. Para garantizar tal estabilidad urgía la “reforma mental” del poder judicial donde la naturaleza dejaba de ser el referente y fuente de los derechos, para ser sometida al dominio despiadado de la ley positiva emanada de tal cabeza rectora.

Así surgiría una nueva nación, la cual exigía celebrar un día propio, el día de la nueva “raza hispánica”, con todo olor de multitudes, que sería signo claro y modelo a seguir de lo que pretendía instaurarse en el nuevo orden. Para consumar la imposición de tal proyecto urgía la necesidad de des-terrar (=quitar tierra) a todos aquellos que pudieran representar valores contrarios a los recién impuestos.

He aquí un nuevo orden, he aquí un hecho reciente de nuestra historia, he aquí que los extremos se tocan, he aquí el nuevo caudillaje en España, una nueva dictadura.

 

 

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Los héroes de la vida

Fotografía de BBC

Fotografía de BBC

Desde hace más de dos semanas estamos viviendo con intensidad las noticias que nos llegan sobre los doce niños atrapados junto con su monitor en una cueva en el norte de Tailandia. Son miles las personas que se han movilizado, algunas procedentes de otros países, para ayudar en su rescate: localizarles, llevarles alimentos, prestarles apoyo psicológico y cuidados médicos, transmitir mensajes a sus familias, enseñarles a bucear para poder abandonar el lugar en el que están encerrados. No pocos están arriesgando sus vidas para salvar las de los pequeños. De hecho, uno de los buzos voluntarios ha muerto en el intento.

En situaciones de tal naturaleza nos resulta evidente la necesidad de hacer uso de todos los medios disponibles para salvar la vida de una persona, hasta el punto de entregar otras si es preciso. Y así debe ser: la vida de cada ser humano tiene un valor pleno. Es posible que algunos se pregunten en este caso si realmente el precio es proporcionado: no tanto el coste material cuanto el riesgo para la vida de los profesionales y voluntarios que participan en el rescate.

La vida de ese buzo, perdida en su misión de asistir a los niños, también poseía un valor pleno. En ejercicio de su libertad la ha entregado por ellos. Nos ha dado ejemplo a todos.

Son muchas las situaciones similares que se plantean cada día, todas ellas menos mediáticas que la que estamos viviendo casi en directo. Son muchos los héroes que, como el buzo, no dudan en arriesgar su vida para salvar la de otros. En un contexto cultural en el que el valor de la vida ha quedado devaluado, presentar esta realidad, en positivo, es más necesario que nunca; reflexionar sobre ella resulta imprescindible si verdaderamente queremos construir una sociedad en la que la vida y la dignidad de cada ser humano estén en el centro de las políticas públicas, de las normas jurídicas, de nuestras decisiones personales y familiares. Sí, cada vida importa.

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Pedir perdón es de católicos

En días pasados se ha afirmado repetidamente, si bien en diferentes contextos y ante distintos escenarios, que el perdón es una cuestión moral y, por tanto, no procede en supuestos de esta naturaleza exigir que los responsables de daños causados a otros pidan perdón a sus víctimas y a todas las demás personas indirectamente afectadas. Así se ha hecho tanto ante el anuncio de la disolución de la banda terrorista ETA como respecto de casos de corrupción política, por señalar dos ejemplos. La premisa para mantener tal afirmación radica en que “pedir perdón es de católicos”.

Resulta evidente que quien hace mal a alguien, causándole un daño, está obligado a reparar el mismo. No menos evidente es que tal reparación no será completa si no parte de un presupuesto fundamental: el arrepentimiento.  Sin embargo, sentir pesar por haber hecho –o dejado de hacer– algo que ha dañado a otro tampoco es suficiente por sí mismo. Ese pesar ha de ser exteriorizado, compartido, dirigido a quien ha sufrido por ello y, en última instancia, supone esperar a ser redimido de la falta. A todo eso, sencillamente, se le llama pedir perdón.

Pedir perdón implica reconocer el error y, por ello, rebajarse, humillarse, acercarse al ofendido. Rehusar a hacerlo es muestra de ausencia de arrepentimiento. No se puede prescindir del mismo, pues ello significaría mantenerse en una posición de superioridad (al no tener que esperar la respuesta de quien ha sufrido el daño) y autoatribuirse la facultad de considerar completamente reparado el mismo prescindiendo de la víctima.

Pedir perdón, lejos de constituir patrimonio exclusivo de los católicos, es algo muy humano, inherente a nuestro ser, que está además fuertemente arraigado en nuestra sociedad.

El catolicismo no se ha limitado en relación con este extremo a reconocer lo evidente –el perdón es necesario para la reparación–, sino que ha hecho del mismo la razón de su existencia. Quizás sea esta la verdadera causa del rechazo al perdón. Pero esa es otra historia.

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